Las recientes manifestaciones feministas en las sedes estatales de las comisiones de derechos humanos en al menos 25 entidades del país ponen en evidencia que a pesar de los desalentadores presagios y de la emergencia sanitaria, la primavera violeta, que inundó las calles del país el pasado 8 de marzo, sigue más viva y vigente que nunca.

La efervescencia feminista se puede explicar por varias razones de fondo. La más evidente: las múltiples violencias que viven las mujeres y las niñas, que en medio de la pandemia se han recrudecido frente a la indolencia, omisión y negligencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

“Vivas nos queremos” es el grito que articula a los movimientos feministas, y cobra sentido si entendemos que hoy las violencias son la principal amenaza para que las mujeres podamos ejercer cualquier derecho.

Las mujeres NO podemos ejercer nuestro derecho al libre tránsito, a trabajar o estudiar sin el riesgo de ser víctimas de acoso, abuso sexual, desaparición o feminicidio; si alzamos la voz en la calle, la tribuna o las redes se nos estigmatiza y violenta; en la casa muchas duermen con su enemigo sin la certeza de salir vivas. A miles les han arrebatado a sus hijas e hijos por feminicidios, trata de personas o desapariciones forzadas, y como daños colaterales hay también miles de niñas y niños huérfanos a cargo de sus abuelas y abuelos o, incluso, de sus agresores.

Esta realidad de violencias que viven todos los días las mujeres, en cada ámbito en el que se desarrollan: escuela, trabajo, trasporte público, su casa, y hasta la sala de partos, se topa frente a autoridades que no entienden, no quieren, o no pueden hacer algo.

Autoridades federales, estatales y municipales que no entienden que; a pesar de tener atribuciones legales; se avientan la bolita para no hacer nada o para pretender que hacen sin dar resultados, o que, a pesar de entender, no quieren hacer nada porque desde su visión machista: las mujeres se merecen las violencias que sufren; o autoridades que no pueden pues a pesar de tener atribuciones, conocerlas y entenderlas, los recursos les han sido recortados o suspendidos, pues en su lógica no son prioritarios.

Cada actitud omisa y negligente de parte de las autoridades configura la violencia feminicida al no actuar, no prevenir, no atender, o no sancionar las violencias contra las mujeres. Al recortar o permitir el recorte o desaparición de programas y recursos públicos; al no garantizar el acceso a la justicia; al cerrar los ojos frente a la realidad arguyendo que las familias mexicanas son fraternas; al pretender imponer desde el Palacio Nacional una visión decimonónica en la política pública donde el ÚNICO papel que nos reconoce a las mujeres es el de amas de casa y negarnos a las mujeres el derecho a tener derechos; todos, quienes formamos parte de los poderes públicos del Estado mexicano, contribuimos a que la violencia contra las mujeres siga y cobre la vida de once mujeres cada día.

Los movimientos feministas en México se han articulado en torno de causas legítimas y reclamos fundados que configuran una agenda política que no ha encontrado respuesta en ninguna de las autoridades del Estado; tampoco admite un uso partidista, ni mucho menos electoral; y tiene la fuerza, la capacidad y la legitimidad para levantar la voz hasta encontrar justicia, por que ya no queremos lamentarnos por ninguna mujer asesinada más, porque no queremos entre nosotras ni una menos; porque, vivas nos queremos.