El papel del Poder Judicial en casos de migrantes y solicitantes de asilo es trascendental, no sólo para garantizar el acceso a la justicia a esta población, sino para cambiar la política migratoria, consideraron especialistas.

"Creemos que una de las batallas que nos va a permitir ir abriendo y detonando los candados que tenemos para acceder a la justicia es vía los litigios", externó Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, en una mesa de análisis convocada por REFORMA.

"Que se obligue al Poder Ejecutivo a cumplir los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, a ir modificando la política mexicana que no es congruente con los derechos humanos e ir entrando a la discusión de temas que, desde el Ejecutivo, no se han podido discutir porque están vetados, uno de ellos, el tema de detención migratoria", indicó.

La activista destacó el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor del australiano Stephen Compton, el primer extranjero en demandar reparación del daño al Instituto Nacional de Migración luego de ser detenido de manera injustificada.

"La sentencia es muy buena porque no te habla en los términos eufemísticos que tiene el Instituto, te habla la persona que fue temporalmente privada de su libertad", resaltó. En esta mesa participaron también Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH); José Sieber, oficial de protección de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Armando Maitret, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

"Estoy convencido de que el Poder Judicial, con la jurisprudencia que se está desarrollando y que se va a desarrollar, puede ser el motor de cambio de áreas políticas y eso no me parece sólo hipotético o una cosa deseable, lo hemos visto en varios países, también en México", comentó Jarab.

El funcionario refirió que una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Popov v. Francia) estipuló que, en ningún caso, un niño migrante puede ser alojado en un centro de detención.

"Estoy muy convencido de que la jurisprudencia en México va a seguir avanzando y que el Poder Judicial se va a convertir cada vez más en un gran aliado de las concepciones garantistas de derechos de los migrantes, de los refugiados, de los solicitantes de protección internacional", comentó.

José Sieber, del ACNUR, dijo que en el tema de protección internacional se debe hacer referencia a la reforma constitucional de agosto de 2017, que reconoce el derecho humano de buscar y recibir asilo.

"Con esta reforma, el rol del Poder Judicial es sumamente importante porque es quien va a interpretar lo que determina la Constitución", destacó.

La ACNUR, indicó, apoya actualmente a 31 abogados en el país para brindar sus servicios a extranjeros que requieren protección internacional. Y es que en 2016, de las casi 9 mil personas que solicitaron la condición de refugiado en México, sólo 2 mil 713 contaron con un abogado.