Guadalajara, México (16 marzo 2016)
La Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, creada en el Congreso de la Unión para indagar la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre del 2014, llegó a las primeras conclusiones luego de seis meses de trabajo: hubo omisión de parte de autoridades locales y federales.
Víctor Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano integrante de la Comisión, informó que tras una investigación que implicó entrevistar a familiares de víctimas y funcionarios involucrados en la agresión a estudiantes en Iguala, Guerrero, se determinó la urgencia de aplicar sanciones administrativas y penales.
"Es una serie de contradicciones que hay sobre todo entre las autoridades locales y las federales; por ejemplo, las federales dicen que nunca se les pidió apoyo por parte del (entonces) Gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre), pero el ex Gobernador y el ex Fiscal (Iñaky Blanco) dicen que sí pidieron apoyo para hacer frente a la agresión de los estudiantes", expuso.
Sánchez Orozco comentó que la investigación del Congreso también evidenció que el Ministerio Público federal ha sido omiso al fincar alguna responsabilidad a funcionarios que no atendieron la agresión a normalistas de Ayotzinapa.
"Estamos estudiando algunas acciones legales para que, por ese lado de la omisión de las autoridades, no queden impune estos hechos que pudieron evitarse", sostuvo. "Todas las autoridades tenían información de la agresión que se estaban llevando a cabo (pero) ninguna autoridad asumió la coordinación", señaló Víctor Sánchez, diputado federal por Movimiento Ciudadano.