México-. La impunidad en casos de corrupción que impera en México es una manera de violar derechos humanos, asegura Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual, a través de demandas judiciales metódicamente planeadas busca abatir esta problemática en el país.

En el contexto del foro “Las empresas y los derechos humanos”, que organiza MILENIO, el abogado aseguró que para que exista la corrupción, se requiere de servidores públicos deshonestos, pero también de empresarios dispuestos a violar la ley.

Cifras de la organización, basadas en datos oficiales, indican que 98.5 por ciento de los casos de corrupción quedan sin castigo.

“La impunidad directamente no atenta contra los derechos humanos como tal, pero lo que hace es generar mayores violaciones. Es decir, se pueden violar derechos humanos a través de la comisión de cualquier acto de corrupción.

“En el tema de licitaciones imaginemos que entre dos empresas desplazan a todos los competidores que pueden ser proveedores de alguna dependencia o de algún organismo público.

“Esto directamente afecta derechos humanos de las empresas que están dejando aparte y, por lo tanto, están atentando contra los principios constitucionales que pudieran afectar intereses económicos de los consumidores en general”, explicó.

Carrasco aseguró que en la Constitución, entre las garantías fundamentales, existen dos principios básicos en el artículo 28, relativo a la competencia económica, que son la competencia y libre concurrencia, que son los que benefician a los usuarios finales de un servicio y en caso de que haya prácticas monopólicas, a quien se afecta es al ciudadano.

Recordó que en términos generales, la corrupción le cuesta a México entre 2.5 y el 6 por ciento del producto interno bruto.

“El 2 por ciento del PIB representa alrededor de 363 mil millones de pesos, esto es lo equivalente a la mitad del presupuesto del IMSS, diez veces el presupuesto de la UNAM, o cuatro veces los programas sociales que patrocina la Sedesol, es decir, son costos altísimos y esto tiene que parar”, dijo.

El experto afirmó que como personas morales, las empresas tienen derechos humanos que deben ser protegidos, siendo uno de ellos, el derecho a la certeza jurídica y a la integridad.

“Las empresas tienen el derecho humano a una tutela judicial efectiva ante los tribunales. Si las personas morales no tuvieran derechos humanos no podría prosperar ni un solo amparo en los tribunales a nombre de una empresa”, explicó.

LA CIDH PIDE A MÉXICO NOMBRAR GRUPO DE EXPERTOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le propuso al Estado mexicano nombrar un grupo de expertos en derechos humanos y combate a la impunidad para asesorarlo sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, tras reiterar que se debe combatir en todos los niveles de gobierno.

Al dar a conocer el informe de las audiencias públicas del 163 periodo de sesiones, sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México, subrayó la necesidad de un trabajo conjunto de la sociedad civil y el gobierno para dar efectividad a las normas vigentes.

La CIDH reafirmó la urgencia de que el Estado invierta esfuerzos para hacer efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

Durante la audiencia sobre justicia e impunidad en México, las organizaciones civiles denunciaron que el sistema de justicia mexicano se caracteriza por los alarmantes niveles de corrupción e impunidad.

Con información de Eugenia Jiménez/México.