Un fenómeno nunca antes visto en México ha provocado que ciudadanos y la clase política denuncien a gobernadores en funciones por actos de corrupción. El presidente ya presentó acciones de inconstitucionalidad contra tres mandatarios estatales En un fenómeno sin precedentes en el país, son varios los esfuerzos que se llevan a cabo para denunciar a los gobernadores por actos de corrupción.
Nunca antes en la historia, ciudadanos y políticos de oposición habían buscado con tanto ahínco fincar responsabilidades a mandatarios estatales todavía en funciones. Con sitios web que buscan recabar pruebas para poder presentar denuncias penales ?que garantizan la confidencialidad de los denunciantes- o a través de campañas en redes sociales para visibilizar las acciones de gobierno, los críticos de los gobernantes han pasado del juicio a la acción. Uno de esos esfuerzos es el del diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, quien lanzó hace unos días un sitio web a través del cual se le pueden hacer llegar pruebas contra cualquier mandatario.
En Chihuahua, el gobernador electo, Javier Corral, habilitó una página de internet donde se pueden hacer llegar acusaciones y pruebas de posibles actos de corrupción de César Duarte. Las demandas de la sociedad civil, aunadas a la presión de la clase política y el escándalo en redes sociales, provocaron que esta semana el presidente Enrique Peña Nieto interviniera para presentar acciones de inconstitucionalidad contra los mandatarios de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz.
La labor de la sociedad comienza a tener efectos. Gobernadores con más poder El empoderamiento de los gobernadores ha ocurrido gradualmente en los últimos 16 años; antaño, los mandatarios mantenían una disciplina constante con el Ejecutivo federal. Bastó que se concretara la alternancia política en el año 2000 para que la disciplina se rompiera.
En agosto de ese año, apenas un mes y medio después de las elecciones en que Vicente Fox ganó la Presidencia de la República para el PAN, el entonces gobernador perredista, Ricardo Monreal, marchó desde Zacatecas al Distrito Federal para reclamar que el Gobierno federal no estaba cumpliendo con construir obras carreteras en esa entidad. Fue el primer momento en que un gobernador en funciones se enfrentaba abiertamente al Ejecutivo federal. Una vez que Fox tomó posesión como nuevo primer mandatario, los gobernadores comenzaron a empoderarse; en el 2003 se conformó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que comenzó a incidir en las decisiones tomadas desde el centro del país. A esto se aunó el cambio en el modelo de distribución de los recursos federales, que empoderó a los mandatarios y les dio oportunidad de utilizarlos y endeudarse a discreción, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
Esta oportunidad para adquirir deudas sin control alguno, además de una mayor participación política de los mandatarios, les dio autonomía de facto para tomar decisiones que terminaron lastimando a sus estados? y a sus partidos. Una década y media después de la marcha de Monreal, varios gobernadores sobrepasaron los límites y han sido afectados por los escándalos que ellos mismos provocaron, intentando blindarse de un posible ejercicio de rendición de cuentas. En los últimos meses, desde el Ejecutivo y el Congreso de la Unión se ha intentado poner un freno a los gobiernos estatales, impidiéndoles endeudarse y obligándolos a pagar sus compromisos antes de abandonar su cargo.
A esto se suma el auge del combate a la corrupción, que se ha convertido en un tema de la agenda pública, y en cuyo nombre se busca que rindan cuentas quienes hayan abusado de su poder. En Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, sin embargo, los mandatarios decidieron buscar salidas de impunidad que tuvieron que frenarse desde el Ejecutivo federal.
La acción ciudadana Conforme los mandatarios comenzaron a tomar decisiones que afectaban a su población, grupos de la sociedad civil empezaron a hacer esfuerzos de investigación y denuncia pública sobre los presuntos abusos de sus gobernadores. Esfuerzos como el de la Unión Ciudadana de Chihuahua, organización que nació luego de que el abogado Jaime García Chávez presentara una denuncia penal contra el gobernador César Duarte, por su presunta inversión para la creación del Banco Progreso.
A García Chávez se unieron otras organizaciones ciudadanas de la entidad y políticos de oposición ?como el hoy gobernador electo Javier Corral- y comenzaron a documentar las irregularidades del gobierno duartista. En las elecciones de este año, Unión Ciudadana y otras organizaciones formaron una alianza con el candidato panista, Javier Corral. En entrevista, Álvarez Máynez señala que con las pruebas que recabe presentará denuncias ante la Procuraduría General de la República para que los gobernadores ?paguen por los delitos cometidos?. ?En el sitio nos han preguntado si se vale contra Mancera, por ejemplo.
Claro que se vale contra Mancera y con quien pudiera ser un gobernante de izquierda de un municipio, de un estado. Nos han llegado cosas contra Padrés, contra Reynoso Femat. Nosotros no haremos de esto algo partidista, sino de rendición de cuentas?, aseguró Álvarez. El legislador sostuvo que en México ya se ha avanzado en una cultura de la denuncia pública; ahora el paso es ir hacia la denuncia penal.
En Quintana Roo fueron las redes sociales las que permitieron conectar a los ciudadanos inconformes con las medidas que se anunciaban para ?blindar? al saliente gobernador, Roberto Borge, y salieron a protestar a las calles. Después se concretó el llamado ?paquete de impunidad?, los ciudadanos de Quintana Roo vieron el poder de las redes sociales.