Es tiempo de debatir sobre la sostenibilidad del sistema de salud en México y la política de salud en el actual gobierno, a fin de revisar el nivel de respuesta que brinda el sistema universal para ver la oferta de servicios y acceso a los cuidados.

Lo anterior para analizar como existen enfermedades que no solo matan e incapacitan a las personas que las sufren, sino que además empobrecen a las personas enfermas y a sus familias.

Lo que ocurre cuando no se cuenta con recursos para atenderlos es que se priva a los enfermos de tratamientos y medicamentos especializados, pero sobre todo, se les condena a un deterioro progresivo de su salud y de su calidad de vida. Se llega al caso, que costear esos tratamientos puede conducir a la pobreza.

Vistas así, como son, las enfermedades catastróficas, implican un reto médico, sanitaria y, en gran medida, económico y social que requiere para su tratamiento de políticas y recursos públicos.

En un elevado gesto de insensibilidad humana, la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados aprobó que el presidente pueda disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el bienestar con lo que se quitan valiosos recursos para la atención de enfermedades catastróficas, entre ellas el cáncer.

La reforma aprobada establece que cuando el fondo acumule recursos por un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones de salud mediante su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Bajo el argumento de que la reforma era necesaria para la compra de vacunas contra el COVID-19, con esta determinación la atención a enfermedades crónico degenerativas como como cáncer y diabetes, así como trastornos quirúrgicos congénitos, hepatitis, VIH-Sida, infartos, enfermedades metabólicas, entre otras, no contarán con recursos públicos para su atención, con los evidentes riesgos, ya que al no existir un mecanismo transparente que garantice que los recursos, una vez reintegrados a la Tesorería, se destinen en el sector salud, existe el peligro de que se destinen a fines distintos.

Sin esos recursos las personas menos favorecidas se quedarán sin atención de enfermedades que generan gastos catastróficos. Esto significa que niñas y niños sin seguridad social que padezcan cáncer y otras 66 enfermedades atendidas con dicho fondo, que está destinado a infraestructura para el cuidado a la salud en las entidades con mayor rezago, se quedarán sin atención ni medicamentos gratuitos.

Se trata de enfermedades que, por su complejidad, especialidad y gravedad, requieren de atención y medicamentos especiales, cuyos tratamientos resultarán incosteables para miles de familias, poniendo en peligro su vida y patrimonio por el elevado costo que representan.

Los recursos del fondo ayudan, además, a atender cuidados natales, malformaciones congénitas, a madres con bebés recién nacidos que están en terapia intensiva, diabetes, cáncer infantil, de mama y de próstata, así como trasplantes.

Recordemos que con la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo Nacional de Desastres Naturales; fondos para defensores de derechos humanos y periodistas; para el deporte de alto rendimiento; inversión y estímulos para el cine; trabajadores migratorios; del Conacyt; de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; el Fondo Metropolitano, entre otros, el gobierno federal obtendrá recursos por el orden de los 68 mil 400 millones de pesos.

La confiscación de una parte importante de los recursos del Fondo de Salud, que hizo la mayoría en el Congreso de la Unión, es grave porque son recursos del sistema de salud que se hacen cargo de financiar los tratamientos y medicamentos de enfermedades caras y, sustraerlos de fin último, afecta a los hogares porque les resulta incosteable.

La bandera del presidente y su partido ha sido “Primero los Pobres”. La salud es un tema prioritario de la agenda pública por los costos económicos, sanitarios y éticos. ¿Quién pagará los costos de decisiones inhumanas como quitar recursos a la salud?