Desde ayer, viernes 29 de enero, el Distrito Federal pasa a ser la Ciudad de México (CDMX). Lo es al promulgar el presidente Peña Nieto las reformas a 52 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La promulgación de esta reforma, con sus 17 artículos transitorios, marca lineamientos para la elección, instalación y organización de la Asamblea Constituyente que tendrá como única tarea aprobar la primera Constitución Política de la CDMX, cuya iniciativa enviará Miguel Ángel Mancera, el actual jefe de Gobierno del DF.
Hasta 1997, el DF era parte de la administración pública federal. Como dependencia federal era un departamento; el presidente de la República le designaba un regente y era parte del gabinete ampliado. El regente a su vez designaba a los delegados. No tenía una instancia legislativa propia, le aplicaban las leyes federales y era el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado, el responsable de legislar. En la administración del presidente Salinas se reforma la CPEUM para dar lugar al gobierno del DF como una entidad federativa, y a los ciudadanos del DF se nos permitió elegir al jefe de Gobierno, a los delegados y a los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora, ya como CDMX, continuará siendo una entidad federativa pero no será gobierno estatal con gobernador(a), pues seguirá siendo la capital de la República, donde continuarán los domicilios de los Poderes de la Unión, esto es, el del presidente de la República, los poderes Legislativo y Judicial.
La CDMX dejará de tener delegaciones y ahora las demarcaciones territoriales serán alcaldías gobernadas por alcaldes con diez concejales. Aun no sabemos si esta reforma será para bien o para mal; sin embargo, abre una gran oportunidad para transformar y superar los vicios que han llevado al estancamiento económico al hasta ayer DF. La nueva Constitución para la CDMX al menos crea la expectativa de tener instituciones superiores a las de los estados e, incluso, mejores a las del gobierno federal. La nueva Constitución permitirá crear mejores sistemas de incentivos contra la corrupción que corroe al DF. La transparencia y rendición de cuentas es donde más podrá avanzarse. Desde luego, el riesgo es que echen a perder lo que hay. La oportunidad está en volver a la CDMX en territorio donde sí impera el Estado de derecho. La nueva Constitución tiene la oportunidad de sentar las bases para sacarla del estancamiento económico en el que cayó desde 1982.
El DF representa la economía más importante del país. Sin embargo, su tasa de crecimiento se ha mantenido alrededor del mediocre crecimiento nacional, muy lejos de las tasas observadas en los estados del centro y del norte como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila. Los desafíos de la nueva Constitución los impone la realidad. La CDMX nacerá como la entidad federativa con la proporción de adultos mayores más alta, y con uno de los porcentajes más altos de población económicamente activa en el sector informal (30.89%). Los servicios representan la principal actividad productiva de la CDMX. La hacienda pública de la CDMX, comparada con la de los estados, es la más sólida. Es la única entidad cuya deuda pública goza del privilegio de contar con la garantía de la Federación. También el DF contó con la ventaja de centralizar la recaudación del impuesto predial, lo que lo volvió la mejor entidad. No obstante esta fortaleza por el lado del ingreso y del endeudamiento, tiene uno de los peores resultados con el gasto público. Lo sufrimos con la pésima infraestructura para la movilidad.
La CDMX nace con un gravísimo problema de congestionamiento. Varias partes neurálgicas de la CDMX se colapsan todos los días hábiles. El transporte público que se tiene, pese a que ha podido financiar a largo plazo, no está a la altura de la capital de una de las principales economías del mundo. La nueva Constitución abre la oportunidad para tener muy buenos servicios públicos que mejoren las condiciones de vida y respalden un mayor crecimiento económico. Esto sólo podrá hacerse si las tarifas de los servicios públicos se establecen bajo el principio de cubrir los costos tanto de la infraestructura que respalda el servicio, el de la operación, así como el de la expansión de dicho servicio para que cada día accedan más usuarios. De no hacerlo, la CDMX estará condenada a empeorar la calidad de vida de los capitalinos.