La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) violó los derechos al debido proceso, a la vida, a la verdad y al acceso a la justicia de las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015.

El organismo emitió la Recomendación 4/2017, dirigida a la PGJ y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), debido a que las actuaciones de las instituciones, a la fecha, “carecen de una investigación adecuada, dirigente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva”.
En conferencia de prensa, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, dijo que “desde el inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación para cada delito, pese a que el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México instruyó que se abrieran todas las líneas de investigación”.

Asimismo, mencionó la ombudsman capitalina, “tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que se pudieron haber producido por motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como género, ejercicio periodístico y defensa de derechos humanos”.

Perla Gómez expresó preocupación por el hecho de que autoridades ministeriales, periciales y policiales “incumplieron su obligación de proteger la integridad personal de las víctimas” luego de que se infiltrara información contenida en la averiguación previa, como los datos personales de las mujeres y el hombre asesinados, así como fotografías tomadas en el lugar de los hechos “en las que se observan sus cuerpos maltratados y sin vida”.

Las víctimas, según la CDHDF, fueron discriminadas “con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, y mencionó que a Rubén Espinoza se le atribuyó el consumo de drogas o estar vinculado a algún delito, mientras a las mujeres las relacionaron con actividades sexuales a cambio de dinero y narcomenudeo, así como de guardar relación con los agresores, situación que “coloca a las víctimas como responsables de lo sucedido”.

Multihomicidio en la colonia Narvarte

El 31 de julio de 2015, Mile Virginia, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa fueron asesinados en un departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, todos recibieron impactos por arma de fuego y, en varios casos, los peritajes demostraron posibles actos de tortura.

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Desde los primeros días de la investigación, funcionarios de la Procuraduría capitalina filtraron que una de las víctimas, Mile Virginia, era colombiana y la vincularon con la venta de drogas y la realización de trabajo sexual, lo que hasta hoy no ha sido corroborado por las autoridades.

De acuerdo con la Recomendación de la CDHDF, se acreditaron violaciones de los derechos al debido proceso y a la debida diligencia, derecho a la vida, derecho a la verdad, al acceso a la justicia, a la integridad personal, derechos a la honra y a la dignidad, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La ombudsman indicó que la CDHDF acreditó también como víctimas a las y los familiares de las personas asesinadas, quienes “se enfrentaron con un sistema deficiente que no realizó investigaciones conforme a los más altos estándares de derechos humanos y no incorporó la perspectiva de género”, lo que se traduce en el incumplimiento de sus obligaciones.

La CDHDH recomendó a la PGJ que en un plazo no mayor a 90 días presente un plan integral de investigación para subsanar las omisiones que quedan pendientes de resolver, agotar todas las líneas de investigación y emitir una ruta de acción para tomar en cuenta que las víctimas podrían pertenecer a más de un grupo en situación de vulnerabilidad.

Además, la PGJ deberá indemnizar a las víctimas, dar acompañamiento psicológico a quienes lo requieran y una disculpa pública a favor de las víctimas indirectas.

Por su parte, el tribunal deberá fortalecer e implementar un programa de actualización continua al personal médico que presta sus servicios en el INCIFO, en relación a la Guía Técnica para Realización de Necropsias; además, deberá iniciar investigaciones administrativas y/o penales con el fin de determinar la responsabilidad del personal por las omisiones en que se incurrieron en la práctica de las necropsias.