La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha generado la muerte de más de 550 mil personas en el mundo. De ellos, la mitad se han registrado en cuatro países: Estados Unidos con 132 mil; Brasil con 67 mil; Reino Unido con 44 mil y México con 35 mil muertes.

América Latina y el Caribe registran ya más de 3.1 millones de casos confirmados y más de 135 mil muertes, principalmente en Brasil, México, Perú y Chile. Tan solo México cuenta con más de 35 mil muertes y poco más de 299 mil casos confirmados.

En este contexto, México presenta un escenario que nos preocupa en una doble vía: Por un lado, la deciente y errónea estrategia de atención a la emergencia sanitaria, que hoy nos tiene como el cuarto país con mayor número de muertes a nivel mundial, y, por otro, el manifiesto desinterés por apoyar a quienes perdieron su empleo, quedaron sin ingreso alguno o cerraron su negocio.

Respecto a la estrategia del gobierno, debemos ser claros: restarle importancia a la emergencia y reaccionar tarde en su atención, sumada a la dislexia verbal de los encargados de atender la crisis de salud, nos coloca en una situación de contagio descontrolado, que ha llevado al gobierno a tomar decisiones con un cálculo político, cuando lo que debió prevalecer era el cuidado de la salud de las personas.

Efectivamente, cuando el Subsecretario Gatell dice una cosa el presidente dice lo contrario. Pasamos del “abrácense”, “salgan a los restaurantes”, “domamos la pandemia” y “aplanamos la curva”, hasta llegar a “es culpa de los gobiernos locales” y “gente que come chatarra”. Es más, el cubrebocas que “no era de gran utilidad” para evitar contagios, ya es usado por el Subsecretario Gatell y el propio presidente.   

El fracaso de la estrategia implementada para el manejo de la pandemia nos deja ver tristes  resultados. Además de ser el cuarto país con más muertes a nivel mundial, México tiene 11 veces menos población que China pero tenemos 6 veces más muertes que ese país. México tiene aproximadamente igual número de habitantes que Japón pero tiene 13 veces más contagios. En la última semana en México: cada dos minutos murió una persona por COVID19 y cada catorce segundos una persona se contagió.

El escenario por las acciones de gobierno arroja como resultado el fracaso de la estrategia para enfrentar al COVID-19. 

En cuanto al manifiesto desinterés del gobierno por apoyar a quienes perdieron su empleo, se quedaron sin ingreso alguno o cerraron su negocio, la situación también es preocupante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido de los riesgos de una reapertura a ciegas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), prevé que en México se incrementará en 15.9 por ciento el número de personas que pasará a la extrema pobreza.

La pandemia ha evidenciado las desigualdades sociales existentes en el país, que lamentablemente se refleja en los sectores más vulnerables, los que presentan mayor número de contagios y muertes: 84 por ciento son personas que desempeñan un empleo no remunerado, jubilados y pensionados, amas de casa, conductores, empleados públicos y profesionales desempleados. De estos el 46 por ciento se concentran en quienes no desempeñan un empleo: no remunerados, jubilados y pensionados y desempleados (Mortalidad por COVID-19 en México. Notas preliminares para un perfil sociodemográfico).

Todo lo anterior hace necesario un urgente apoyo del gobierno federal. No entendemos el alto grado de insensibilidad ante la situación que viven millones de personas por la emergencia sanitaria. El gobierno mexicano solo ha destinado cerca del 1.1 del PIB para enfrentar la pandemia, muy por debajo de la media latinoamericana. La UNAM estima que 16 millones de mexicanos han caído en situación de pobreza extrema.

Por tanto, se requiere de un ingreso mínimo vital de emergencia para las personas afectadas por la crisis sanitaria. Esa es una de las conclusiones del foro virtual “Por un ingreso vital de emergencia: Perspectivas internacionales”, organizado por los Senadores de Movimiento Ciudadano y la Red Ciudadana Nosotrxs, en el que se escucharon las experiencias de legisladores, activistas y autoridades de seis países latinoamericanos que ya cuentan con alguna medida económica de apoyo, como Argentina (Ingreso Familiar de Emergencia); Brasil; Chile; Colombia (Ingreso Solidario); Costa Rica (Bono Proteger) y Uruguay (Régimen Especial de Subsidio por desempleo).

Aún estamos a tiempo de adoptar medidas como un ingreso mínimo vital de emergencia que asegure la supervivencia de las familias o, como expresó en ese foro el Senador Ricardo Monreal, es prudente discutir fórmulas que puedan incorporar nuevos esquemas de política social frente a la pandemia. La población sacrificó ingresos en respaldo a una política gubernamental de aislamiento que los dejó sin ingresos, es tiempo de que reciban en reciprocidad un apoyo. Están de por medio la vida de la población vulnerable y la salud del país.