James Cavallaro resaltó que el grupo de expertos ha contribuido en la investigación y ha desmentido ?la verdad histórica?. Su último informe será el 24 de abril.

 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no continuará sus investigaciones en México sobre el caso Ayotzinapa. El relator para México de la CIDH, James Cavallaro, informó que ?no hay condiciones? para que el GIEI pueda seguir en el país después de este mes, luego de que presente el 24 de abril su último informe sobre los normalistas desaparecidos.
Cavallaro lamentó la posición del Estado mexicano de ?querer terminar su colaboración? con el grupo de expertos y no renovar su mandato, pese a que los padres de los estudiantes solicitaron que continuaran su labor. En conferencia desde Washington, refirió que el precedente que estaría sentando México ?el tiempo dirá?. Cavallero aseveró que el GIEI ?ha contribuido a derrotar una versión incorrecta, ha mostrado las fallas clarísimas en la investigación.
Ha mostrado la imposibilidad física del incendio, la incineración de 43 estudiantes?. ?El GIEI ha mostrado que ha habido una investigación con muchas fallas, que seguía líneas de investigación comprobadamente equivocadas y ha servido para informar a la sociedad mexicana y mundial lo que estaba pasando en esta investigación y ya consiguió reorientar esta investigación?, apuntó. Apuntó que ?la comisión seguirá en su función de monitoreo?.
Por su parte, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República informaron en un comunicado conjunto que de conformidad con los acuerdos previos, el mandato del GIEI llegará a su fin el sábado 30 de abril de 2016. Dicho grupo fue creado a la luz del Acuerdo de Asistencia Técnica sobre el caso de Iguala, Guerrero, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en octubre de 2014.
En su confirmación, precisaron las tres dependencias, la Comisión indicó que se establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares, que se circunscribirá a sus facultades reglamentarias y de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos. Ello de conformidad con la carta que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los detalles de dicho mecanismo serán definidos en los próximos días en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, agregaron en su texto la cancillería, la procuraduría y la Segob.