La diputada Adriana Medina Ortíz, de Movimiento Ciudadano, impulsa dos iniciativas para garantizar la seguridad en las redes sociales, materia de abuso o acoso sexual y fraudes cibernéticos.

 

Una de las iniciativa pretende generar las condiciones para que la información del ciberespacio que contenga explícitamente un señalamiento de abuso sexual, acoso u hostigamiento, sea indagado e integrado al Ministerio Público para robustecer las investigaciones sobre denuncias presentadas, enfatizó la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

Explicó que actualmente la problemática para integrar esa evidencia se debe a que se presta a la violación de los usuarios del ciberespacio, por ello es importante que se legisle en la materia para obtener pruebas que garanticen una investigación objetiva y parcial. El otro proyecto, explicó Adriana Medina, busca garantizar la seguridad cibernética, basada en la transparencia y el pleno respeto de los derechos humanos a través de tres modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Ello para promover entre los actores sociales y los tres niveles de gobierno la cooperación en materia de seguridad cibernética con respeto a los derechos humanos, detalló. Entre otros objetivos, para que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva una cultura de seguridad cibernética respetuosa de los derechos humanos en gobierno y sociedad.

 

"En nuestro país se decidió generar la Estrategia de Seguridad hasta 2017, en consecuencia el rezago es evidente y se refleja en actividades antisociales y de probables delitos a través del ciberespacio que van desde intrusión en equipos hasta la parálisis de áreas de instituciones, pasando por fraudes a usuarios de banca electrónica o robo de identidad", subrayó la diputada.

 

Por ello reiteró la importancia de garantizar un acceso seguro y confiable al ciberespacio para afrontar los fraudes cibernéticos, que pasaron de más de 38 mil en 2011 a más de 639 mil en 2017, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.