Hace unos días se realizó en el Colegio de México una sesión a distancia del Seminario sobre Violencia y Paz que coordina Sergio Aguayo, en esta ocasión fuimos convocados a debatir sobre las implicaciones y alcances de la reciente decisión del presidente de dar a las fuerzas armadas el control administrativo de puertos y aduanas con la justificación de garantizar la seguridad y controlar el tráfico de drogas.

Es importante señalar que tanto SEMAR como SEDENA ya cuentan con facultades para participar en tareas de seguridad en puertos y aduanas, y que en especial los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los más conflictivos en el tráfico de fentanilo y precursores químicos para metanfetaminas, han sido dirigidos desde el 2016 por miembros de la Armada. Así que, es imprescindible discutir ampliamente qué se espera de esta nueva tarea encomendada por el presidente, que vaya más allá de lo que han hecho hasta ahora, y las implicaciones que tendrá en materia mercantil y de comercio exterior.

Sostengo que la presencia creciente de las fuerzas armadas en tareas civiles las debilita, expone y desnaturaliza. A la Fuerza Armada permanente, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, le corresponde la seguridad interior y la defensa exterior, y el artículo 129 constitucional establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Esta nueva encomienda contraviene a lo establecido en la constitución.

Por definición, lo civil es contrapuesto a militar. De acuerdo a Miguel Carbonell en su ensayo “el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”, en los primeros años del siglo XXI es clara la subordinación del poder militar al poder civil, pero también es claro un aumento importante del gasto militar en comparación con décadas anteriores; la asunción de tareas de seguridad pública por parte de las instituciones armadas; y la colonización de los militares sobre los cargos civiles en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

En lo que va de este siglo, ha habido varios intentos y acercamientos legislativos que permiten verlo como un proyecto transexenal de las fuerzas armadas, en las que han insistido en obtener mayores facultades legales para desarrollar funciones civiles. El propio Gral. Luis Crescencio Sandoval, actual titular de la SEDENA, en una entrevista el 6 de julio, asume como una lucha de las fuerzas armadas contar con leyes que le den certeza jurídica y relata cómo han impulsado reformas en 2008 con Calderón en materia de seguridad; en 2011 a la ley de seguridad nacional; la aprobación de la ley de seguridad interior que fue derogada por la SCJN; y la reciente reforma constitucional sobre la Guardia Nacional poniendo especial énfasis en el 5o. transitorio.

Este año, las fuerzas armadas disponen de 110 mil efectivos desplegados en "protección y vigilancia del territorio nacional", además realizan tareas como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, así como la remodelación de hospitales abandonados, atención en pandemia, combate al huachicoleo, vigilancia en fronteras, apoyo a Guardia Nacional, distribución de recursos de programas sociales, y ahora puertos y aduanas.

Con cada nueva tarea que se le encarga a las fuerzas armadas, se argumenta que “por el momento no hay de otra”, que son las únicas que pueden garantizar la seguridad, aunque toda la evidencia apunte en sentido contrario. Este camino a la militarización no sienta bases para el retorno de lo civil, por cada nueva tarea militarizada se cede terreno a la civilización. Discutamos, como propuso Raúl Benítez cómo civilizar, antes de dar otro paso a la militarización.

Diputada federal por Movimiento Ciudadano