Mezquina es el calificativo que merece la actitud asumida por la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, y por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambos de la Secretaría de Salud, que operaron para bajar del orden del día de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el proyecto de dictamen en sentido positivo de la iniciativa promovida por el Comité Promotor por una Maternidad Segura y varias organizaciones civiles, que tenía como objetivo disponer de unidades de partería como espacios de primer nivel de atención para brindar los servicios de salud matera y neonatal, y no centrar la atención exclusiva en unidades hospitalarias.

Alrededor del 96 por ciento de los partos en México suceden en hospitales que, además de estar saturados y mal equipados, no afrecen una atención adecuada a las mujeres, muchas veces, a través de cesáreas innecesarias, o con violencia y malos tratos. Además, frente a la emergencia sanitaria por COVID19, se aumentó el riesgo de que las mujeres embarazadas se expusieran al virus en los hospitales.

México es el país que registra la mayor razón de muerte materna por Covid-19 en América Latina. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, el coronavirus es ya la principal causa de muerte materna en el país con 284 fallecimientos desde que inició la pandemia, es decir, se registraron 60.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos durante las primeras ocho semanas de 2021, lo que representa un aumento del 102 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, México tiene una tasa de cesáreas inaceptablemente alta. Actualmente 50% de los partos es por cesárea, cifra que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugiere máximo 15% de cesáreas. Estudios a nivel mundial revelan que solo un porcentaje menor al 10% de las mujeres prefieren la cesárea respecto al parto: el incremento de las cesáreas no tiene relación con los deseos y las decisiones de las mujeres.

Así, la política de salud en los últimos años centra exclusivamente la atención obstétrica en unidades hospitalarias lo que ha producido efectos adversos para la salud materna y neonatal. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 reportó que, en los últimos cinco años, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron.

Frente a ello, la iniciativa buscaba adicionar el artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención al embarazo, para incorporar las unidades de partería como espacios físicos independientes o claramente separados de los servicios hospitalarios que brindaran servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal a mujeres sin complicaciones médicas bajo el modelo de atención de partería con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, las elevadas tasas de cesárea, y combatir el maltrato y la violencia.

Por ello, la posición de servidores públicos del sector salud para que la iniciativa no se aprobara fue una actitud ruin, pues a unos días de que concluya el último periodo ordinario de esta legislatura se trataba, quizá, de la última oportunidad de reconocer en las leyes y en las políticas públicas, el trabajo de la partería en la atención del embarazo y brindar el espacio que merecen las mujeres y sus hijas e hijos durante el embarazo, parto y puerperio; tener partos humanizados, en condiciones de respeto y dignidad. Se trataba de poner la voluntad política de la mayoría parlamentaria para proveer la regulación, la infraestructura y los presupuestos necesarios para emplear a suficientes parteras, contar con unidades de partería y garantizar los derechos reproductivos de las mexicanas, pero la 4T le volvió a fallar a las mujeres