Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.

Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro.

Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.

En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.

Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.

Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.

El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse.

“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.

El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.

La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.