Resulta inevitable que la migración continúe sus pasos, en un mundo globalizado, donde las fronteras desaparecen frente a la integración política, económica, social y cultural, que ha convertido al mundo en un espacio donde los flujos comerciales traen aparejados flujos migratorios.

Lo anterior resulta inevitable cuando existe un modelo económico que genera una importante concentración de la riqueza, provocando que solo una cuarta parte de la inversión internacional se dirija a las naciones en desarrollo, trayendo consigo desempleo, pobreza y migración.

En este contexto, la continuidad de modelos económicos ya agotados, que han demostrado sus deficiencias estructurales en el crecimiento armónico mundial, jamás podrán contener los desplazamientos humanos.

En México, el tránsito de personas desde su frontera sur, que tienen como país de destino a Estados Unidos, está adquiriendo formas distintas. Nuestro país no puede ni está en condiciones de detener a los grupos de migrantes que cruzan por el territorio nacional, más que velar porque su tránsito sea seguro y con respeto a sus derechos humanos.

Resulta cuestionable la ausencia de una política migratoria clara. Con la reciente “Caravana Migrante”, quedó de manifiesto la ausencia de una política migratoria definida para la atención de esos flujos, que de manera soberana reciba y vele por los derechos humanos de las personas de otros países en su tránsito por territorio nacional.

La decisión del gobierno federal de aceptar que el gobierno estadounidense devuelva a México a las personas que ingresan a territorio del vecino del norte, para que permanezcan en nuestro país en tanto que un juez de migración en Estados Unidos determina su situación, pareciera responder a una exigencia externa, sobre todo si consideramos que dicho proceso puede durar de 6 meses a 4 años, ya que las autoridades estadounidenses tienen más de 300 mil solicitudes pendientes.

A pesar de la negativa de miembros del gobierno federal de que México se convierta en Tercer País Seguro (TPS), los argumentos vertidos sobre el aceptar a esas personas como una medida humanitaria y temporal, lo que hacen es justificar una posición forzada y no una decisión soberana.

Nadie en su sano juicio rechazaría apoyar a migrantes, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿México está preparado para otorgar empleo, vivienda, servicios de salud, educación y seguridad a las personas que ya no se desplazarán hacia Estados Unidos, sino que se quedarán en el país?

Nos preocupa que México con poco más de 43.6 por ciento de su población en la pobreza y 7.6 en pobreza extrema (Coneval, 2016), es decir, con más de la mitad de su población en esa situación, tenga las condiciones para cumplir con lo que el gobierno actual está ofreciendo a los migrantes centroamericanos.

¿Cómo ofrecer empleo a migrantes del sur del continente, cuando aquí el INEGI ha reportado más de 2 millones 14 mil personas permanecieron sin trabajo en diciembre de 2018?

A la larga, atender las decisiones de Estados Unidos para frenar la migración hacia su territorio, con la entrega de visas humanitarias, generará una mayor presión en la frontera norte, de eso no cabe duda.