La Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que busca poner orden a la crisis penitenciaria en México, está paralizada en el Congreso. Pese a la situación incontrolable que atraviesa el sistema carcelario ?y que quedó de manifiesto la semana pasada con el incendio en el penal de Topo Chico, en el Estado de Nuevo León, donde murieron 49 presos?, los legisladores siguen retardando su aprobación. La norma busca modernizar el sistema carcelario y lograr la gobernabilidad en los reclusorios mexicanos.
Diversas organizaciones sociales han denunciado los problemas que vive el modelo carcelario en México. En una década se ha duplicado el número de personas en prisión, sin que esto se refleje en mayores niveles de seguridad, según asegura el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa. El 40% de los encarcelados en el país no tienen una sentencia condenatoria y en la mitad de las prisiones hay hacinamiento, lo que supone un obstáculo para que el sistema penitenciario cumpla con los fines sociales que le corresponden.
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que superar el 120% de ocupación carcelaria está considerado un trato cruel. En México más del 60% de los reclusos subsisten por encima de ese rango. Esto impide establecer condiciones dignas, garantizar la integridad física de las personas y cumplir las tareas educativas y ocupacionales necesarias para la readaptación.
De acuerdo con Elías Carranza, especialista en temas penitenciarios y director de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Criminalidad en Latinoamérica ?citado en el estudio de México Evalúa?, si por cada funcionario penitenciario hay más de cuatro reclusos, las actividades de los internos pueden escapar de la supervisión y control del personal. Esto es un indicio de posible autogobierno, es decir, que la autoridad no pueda hacer cumplir los reglamentos del penal, y que sean los grupos hegemónicos de reclusos los que impongan un autogobierno. Bajo este argumento, el 70% de los establecimientos penitenciarios mexicanos está en situación vulnerable.
Además, en algunas cárceles el crimen organizado ha tomado el control, como sucedía en el penal de Topo Chico, en el norteño Estado de Nuevo León. Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la prisión de Apodaca ?en el mismo Estado? también está bajo el control de Los Zetas. En un recorrido que realizaron los visitadores del organismo por la cárcel, los internos denunciaron que este grupo criminal realiza cobros por protección, ubicación de estancia, limpieza y acceso a diferentes áreas. Además, la mayoría de las zonas comunes, entre ellas la de visita íntima, están vigiladas por Los Zetas, quienes elaboran un registro de las personas que transitan por ellas.
Ni personal ni equipo
Los centros estatales son un conglomerado de problemas. En el último diagnóstico penitenciario, la CNDH alertó de que carecen de personal capacitado, de equipo y de infraestructura. No hay protocolos para prevenir y atender incidentes, ni programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación. 
Los presos manifestaron al personal de la CNDH que se les suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación con el exterior, sin notificar a los familiares. Algunos penales carecen de cocina, comedores, servicio médico, aulas o talleres. En otros, se observó que existen áreas de privilegios con objetos y sustancias prohibidas. ?Además hay internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y de legalidad?, se lee en el informe del organismo. 
La Ley de Ejecución de Sanciones busca cambiar el sombrío panorama en los centros de reclusión. El objetivo es contar con un esquema que garantice la reinserción social y acabe con los actos arbitrarios y la corrupción que impera en el interior de los centros penitenciarios, según el proyecto de ley. Si la norma lograr aprobarse y posteriormente ponerse en marcha, los presos pasarán su internamiento en condiciones dignas y seguras, apegadas al respeto de sus derechos humanos.