México se ubica ante una importante disyuntiva: Poner orden en el desarrollo de las ciudades o adentrase –aún más, vale la pena decirlo- en el caos en el desarrollo urbano como consecuencia del actual patrón territorial de crecimiento, sin orden y con matices de corrupción.

Pareciera que el crecimiento de las urbes en nuestro país, debe darse necesariamente con base en una expansión desordenada del asentamiento humano.

Se estima que para 2030, el país contará con aproximadamente 961 ciudades que concentrarán 83.2 por ciento de la población total, pero si continuamos con la acelerada expansión estaremos ampliando los asentamientos ilegales, en zonas inconvenientes para el asentamiento humano, con los riesgos que ello representa.

Además de los asentamientos irregulares, se incrementarán los usos de suelo habitacional en zonas poco adecuadas, en perjuicio de la población, ya que implicarán mayores distancias, aumento en los tiempos de traslado e incremento en los costos de los trayectos.

Se incrementarán los costos que, como sociedad pagaremos, pues ameritarán mayores inversiones y, con la visión que impulsa el uso del automóvil, en esa proporción aumentarán las afectaciones al medio ambiente.

En este escenario, vemos una limitada capacidad institucional de respuesta ante el reto del desarrollo urbano y de la movilidad, que permita usos de suelo habitacional más equitativos, que dará por resultado ciudades donde las mejores ubicaciones serán acaparadas por las inmobiliarias y la vivienda de interés social se ubicará en las periferias.

Este caos en el crecimiento urbano y la limitada gobernanza urbana ya está presente en casos, como la Ciudad de México, con edificios con pisos de más, obras que incumplen la zonificación y construcciones irregulares.

Actualmente en la CDMX, existen 71 construcciones que afectan zonas patrimoniales en el Centro Histórico, Coyoacán, San Ángel y La Condesa; 83 con impacto ambiental y territorial en el Desierto de los Leones y Avenida Toluca, Alcaldía de Álvaro Obregón y 13 en la carretera México – Toluca en las Alcaldías de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, con más de 400 obras irregulares relevantes y 7 mil 256 denuncias ciudadanas por violaciones de construcción y uso de suelo, según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamientos Territorial.

Similar situación ocurre en la colonia Guadalupe Inn en la Alcaldía Álvaro Obregón, con un excesivo y desordenado crecimiento. En la Alcaldía de Tlalpan, han pasado administraciones locales, viendo pasivamente como los asentamientos irregulares van devastando el bosque de El Ajusco. O bien la zona de Lomas Anáhuac en Huixquilucan, lugar donde los grandes de la construcción acuerdan a espaldas de los colonos, alterar los usos de suelo.

En fin. Lo cierto es que estamos frente al reto de poner orden al desarrollo de las ciudades, terminando con la expansión desordenada del asentamiento humano.

En este propósito, la ciudadanía ha realizado su parte, organizándose en la búsqueda de vivienda digna, denunciando la corrupción, que mantienen suspendidas gran cantidad de obras y, sobre todo, pagando el enorme costo con parte importante de su tiempo en traslados.

Toca ahora la oportunidad a las autoridades para recuperar la iniciativa de respeto a los usos de suelo, acabar con el desorden en el crecimiento urbano y recuperar las capacidades técnicas y organizativas que den rumbo a una gobernanza urbana que ponga orden.