En los últimos años, la economía mexicana se ha enfrentado a una serie de recortes en el gasto del gobierno. Estos han estado creciendo año con año, y lejos de garantizar la estabilidad macroeconómica, agravan el deterioro de la economía nacional. ¿Por qué? Porque vivimos en el peor de los mundos: el gasto que podría tener mayor impacto en el crecimiento es aquel que es recortado, mientras que el gasto relacionado a las actividades de publicidad gubernamental y la operación del gobierno sigue al alza.
Esta combinación, entre otras cosas, ha llevado a un crecimiento de la deuda que, en lugar de aprovecharse en gasto rentable en términos sociales, se ha ido a gasto rentable en términos electorales.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que propuso el secretario Meade, es ejemplo claro de esta peligrosa austeridad. Mientras se recortan rubros tan importantes como la inversión en infraestructura física (carreteras, energía, transporte) en un 30% (cuando ésta ya se encuentra en mínimos históricos), el gasto en educación en un 4.2% y el gasto en salud en cerca de un 1%, el gasto en servicios personales (el costo operativo del gobierno) se incrementa en 0.5% y en materiales y suministros en un 8%.
El gasto superfluo, pero electoralmente rentable, es la prioridad del actual gobierno. ¿Pero por qué decimos que los recortes en la inversión pública pueden afectar la economía mexicana? Esto se debe a varias razones. Por un lado, la inversión en infraestructura económica básica (caminos, provisión de energía) ejerce un incentivo que favorece a la inversión privada. Difícilmente ocurrirá un auge de inversión en un país donde no hay rutas de acceso en buenas condiciones a los mercados más relevantes, o si las empresas no tienen acceso a estable de agua y electricidad.
Es decir, sin ese tipo de gasto, la apuesta que han realizado los gobiernos tanto del PAN como del PRI de impulsar el crecimiento mediante la inversión extranjera nuevamente terminará en el fracaso. Vale la pena recordar que en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón no se hizo un programa de inversión pública que pudiera resarcir nuestro déficit histórico en infraestructura, incluso en el mejor momento: cuando el gobierno recibía grandes recursos excedentes provenientes del petróleo, el cual tuvo un precio por encima de los 100 dólares el barril. Las dos administraciones del PAN fueron oportunidades perdidas para desarrollar nuestra economía; esa abundancia de recursos terminó dilapidándose.
El supuesto manejo responsable de las finanzas públicas en ese periodo es en realidad la antesala de la situación de bajo crecimiento y aumento de la deuda que hoy vive el país, la austeridad de hoy son las oportunidades perdidas de 15 años de errores en la conducción de la política económica del país. Los recortes propuestos no sólo reducen las perspectivas de crecimiento por medio de la inversión, sino que afectan en el día a día a quienes hacen uso de los servicios públicos, es decir, a todos los habitantes, e impactan con mayor fuerza a los más pobres. Por ejemplo, recortar los recursos disponibles para salud implica reducir los recursos para la atención de enfermedades de aquellos que no pueden recurrir a los hospitales privados, o implica reducir el gasto en prevención, provocando un futuro incremento del gasto en enfermedades crónicas.
Es decir, el tipo de recortes que se han ido llevando a cabo en México son regresivos y afectan el ejercicio de derechos de quienes de por sí muchas veces están excluidos de ellos.
Ante esta situación, se hace urgente un cambio de fondo en la conducción de la política económica. No obstante, la situación actual de las finanzas públicas no se explica solamente por el lado del gasto. Detrás de los problemas se encuentra también la histórica incapacidad del Estado mexicano de recaudar lo suficiente para proveer de acceso a derechos a todas y todos los mexicanos. Esto se debe a varias razones: por un lado, la exitosa resistencia de algunos grupos empresariales y políticos a la creación de un sistema tributario más progresivo. Por otro lado, los privilegios que ha otorgado el Estado mexicano a algunas empresas y personas, eximiéndoles, sin justificación alguna, del pago de impuestos.
Ante un escenario de lento crecimiento que perdura desde hace más de treinta años y ante la evidente consecuencia de la negligencia de los gobiernos del PRI y el PAN para resolver los problemas estructurales de la hacienda pública, la ?austeridad responsable?, que se presenta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, agrava estos problemas en lugar de solucionarlos. Más que recortes homogéneos en todas las áreas, se requiere de una reestructuración del gasto público, que pase por reducir el gasto improductivo (programas regresivos como ProAgro, deducibilidad de colegiaturas, gastos fiscales, etc) y proteger los proyectos de inversión pública de alto impacto en el crecimiento económico, en combinación con una mayor fiscalización en el ejercicio de los recursos. Impulsar el crecimiento llevará a una mayor recaudación y con ello a una menor presión sobre las finanzas públicas y a menor deuda. Los recortes que hoy se proponen sacrifican nuestro futuro, pero una reorganización que reduzca el gasto en áreas como la Oficina del Presidente y aumente la inversión pública es la decisión más prudente.
Por estas razones, en Democracia Deliberada sostenemos que es necesario revertir el estado permanente de recorte del gasto público, en donde el Estado abandona año tras año su responsabilidad en la difícil tarea del desarrollo.
De continuar transitando este camino, el Estado seguirá haciéndose más pequeño, desapareciendo junto la posibilidad de ofrecer los servicios y bienes públicos que hagan posible una convivencia más igualitaria y democrática en la sociedad. Ante esto, creemos que México debe hacer un esfuerzo por replantear el manejo de su economía, por hacerse de más recursos fiscales, eliminar exenciones innecesarias que solo favorecen a unos pocos, tal como ha sido documentado por Fundar, y tener un sistema fiscal verdaderamente progresivo para poder cumplir sus compromisos a toda la población.
Es urgente cambiar el modelo económico que ha regido al país por décadas y apostar por una mejor forma de conducir la economía, con el fin de resolver la paradoja del gasto en que vivimos y con ello garantizar el dinamismo necesario para integrar a todos los mexicanos al desarrollo. En ese sentido, declaramos que aquellos que defienden el actual modelo económico, que buscan continuar con el adelgazamiento del Estado, que protejan el gasto improductivo, que favorezcan el recorte en el gasto de inversión y evadan la necesidad de impuestos progresivos para rescatar las finanzas públicas del país, serán nuestros adversarios políticos.