El poder legislativo es uno de los espacios de representación política en los que más ha avanzado la incorporación de las mujeres a nivel federal y estatal hasta llegar a la paridad. La legislatura saliente de la Cámara de Diputados tiene 241 mujeres, el senado 63, mientras la siguiente legislatura contará con 248 diputadas, y de los 30 congresos locales que se renovaron, por primera vez, en al menos 6 de ellos, habrá más mujeres que hombres (Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Michoacán y Ciudad de México).

Los avances no han sido sencillos, pero si han requerido de una serie de esfuerzos consistentes, a través de diferentes medidas como reformas, que desde 1993 incorporaron en la legislación electoral que los partidos políticos promoverían una mayor participación política de las mujeres a través de su postulación a cargos de elección popular; la reforma de 1996 que estableció que los partidos considerarían en sus estatutos que las candidaturas para diputados y senadores no excedieran el 70% de un mismo género; la reforma del 2002 que estableció un sistema de cuotas con sanciones efectivas ante su incumplimiento; en el 2008 la cuota del 60/40; en 2014 la constitucional y legales que reconocieron la paridad en cargos de elección popular; y la del 2019 que reconoció la paridad en todo. A la par, ha habido sentencias de los tribunales y lineamientos de las autoridades electorales, impulsadas por redes plurales a nivel local y nacional. En cada entidad federativa se tejieron historias, redes y complicidades para que hoy las mujeres sean legisladoras.

La representación paritaria numérica se debe convertir en una paridad sustantiva, esto es: más mujeres en los espacios de decisiones que impulsen lo cambios que se requieren, acelerar el paso para disminuir las brechas de desigualdad y hacer un frente común para ponerle un alto a las violencias que viven mujeres y niñas.

La llegada de mujeres a los congresos ha marcado la diferencia. La legislatura que está por terminar tuvo diputadas presidiendo las comisiones más importantes por las que pasó la mayor parte de las discusiones del Congreso, y como presidentas de la Cámara por dos años consecutivos; pusieron en la agenda temas como la violencia política, la paridad en todo, los derechos de las trabajadoras del hogar, la eliminación de impuestos en productos de gestión menstrual y su dotación gratuita en escuelas, entre otros. Tuvimos un espacio de coordinación política, el grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, que nos permitió sumar esfuerzos de manera plural para hacer que avanzara la agenda.

En ese sentido, es necesario reconocer que la mera llegada de mujeres como legisladoras no es suficiente para alcanzar la anhelada igualdad. Las mujeres llegan como legisladoras en condiciones desiguales: los espacios de toma de decisiones al interior de los congresos siguen siendo controlados por los hombres quienes deciden agendas, cargos y presupuestos; por otro lado, las mujeres deben hacerse cargo de las tareas de cuidados aunque sean diputadas, enfrentan diferentes formas de violencia, y muchas llegan condicionadas por sus partidos o cacicazgos locales; y, finalmente, una mayoría de las que llegan no tienen conciencia de género.

Ante esta realidad, las legisladoras requieren construir bancadas plurales de mujeres con el acompañamiento de la sociedad civil, feministas y el movimiento amplio de mujeres, que les permitan impulsar agendas comunes. Ninguno de los avances han tenido protagonistas, siempre se han dado gracias a alianzas estratégicas entre mujeres y diferentes actores sociales y políticos. Es importante que estén juntas para acceder a los espacios de poder al interior de los congresos, lograr las leyes y reformas que se requieren, así como los presupuestos para la implementación de las políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva. Se lo deben a las mujeres y es su contribución para construir el país que las mujeres queremos.