En mi anterior colaboración, escribí “el país que las mujeres queremos” y señalé el compromiso ineludible que tienen las mujeres que llegarán a los cargos de decisiones públicas resultado de este proceso electoral. Aunque parto de la premisa de que construir un país más justo, equitativo e igualitario es tarea de todas y de todos, las mujeres electas deben marcar la pauta y hacer que la paridad sirva para transformar el poder y mejorar la vida de las mujeres. Por ello, en una serie de textos, publicaré lo que a mi parecer debe ser la agenda mínima por la igualdad sustantiva de las gobernadoras, diputadas y alcaldesas.

En esta ocasión hablaré de las gobernadoras, espacio de decisión pública en el que hay más avances en este proceso, pues desde 1979, cuando Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en Colima, solo había habido 9 mujeres en ocupar ese cargo; ahora se prevé que llegarán 6 nuevas gobernadoras: Lorena Cuéllar en Tlaxcala, María Eugenia Campos en Chihuahua, Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Marina del Pilar Ávila en Baja California y Evelyn Salgado en Guerrero, quienes junto con la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, conformarán el número más alto de mujeres encabezando gobiernos locales. Siete al mismo tiempo, el tiempo de las mujeres.

¿Por qué si desde 1953 se reconoció a nivel nacional el derecho de las mujeres a votar y ser electas para cualquier cargo de elección popular, ha costado tanto trabajo para que lleguen como gobernadoras? En lo local y en los cargos ejecutivos es donde los cacicazgos y el poder real se disputa, y es un poder que no están dispuestos a ceder. Por ello, es que para llegar a estos espacios, las gobernadoras sin duda han tenido que sortear múltiples obstáculos y enfrentar resistencias, algunas llegan condicionadas y/o son el vehículo para que otros gobiernen, pero han podido acceder debido al empuje de medidas para el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres y en particular a la paridad en todo y los lineamientos emitidos por el INE, y ratificados por el TEPJF, para que obligar a partidos y coaliciones a presentar al menos 7 mujeres en las 15 candidaturas a las gubernaturas.

En este contexto, las gobernadoras tienen que refrendar en los hechos su compromiso con la agenda por la igualdad y tomar acciones de gobierno y políticas públicas para atender las demandas de las mujeres, en particular en un escenario de pandemia por COVID19 que ha venido ha profundizar las brechas de desigualdad en detrimento de las mujeres, quienes demás de hacerse cargo de las medidas de emergencia sanitaria, la educación a distancia, el cuidado de personas enfermas, enfrentar las violencias, han sido quienes más han perdido sus fuentes de ingresos y empleos, sin contar con redes de apoyo ni de seguridad social.

Ante ello, las gobernadoras deben poner en marcha medidas emergentes, en las que se involucre todo su gobierno, para atender con un enfoque integral las violencias; éstas no se resolverán con medidas parciales o meramente policiales, se requieren políticas públicas para construir espacios y comunidades seguras para las mujeres, focalizar esfuerzos en donde hay más altos índices de violencia, implementar políticas eficaces de prevención y atención. Además, será muy importante que impriman una visión de género para generar empleos y oportunidades de desarrollo económico, además de invertir en políticas de cuidado para que haya guarderías, escuelas de tiempo completo, comedores, transportes seguros y en general todas las acciones que ayuden a redistribuir las labores de cuidado y descargar a las mujeres. Se requerirán gabinetes paritarios, integrados por servidores públicos capacitados y comprometidos con la igualdad sustantiva. Se requerirá que pongan su voluntad política para mejorar la vida de las mujeres, se lo deben.