El pasado 27 de marzo, cuatro agentes de la policía municipal de Tulum, detuvieron y asesinaron a Victoria Esperanza Salazar Arriaza, durante su arresto. Con este reprochable suceso se puso en evidencia un episodio pocas veces relatado sobre el trato que México da a los migrantes centroamericanos.

Cuando hemos visto este tipo de acciones de marcada brutalidad policiaca en ciudades de Estados Unidos, justificadamente las voces se levantan, demandando justicia y respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Con el asesinato de Victoria, tenemos la obligación de debatir la actuación de los cuerpos policiacos mexicanos y su nivel de capacitación para enfrentar situaciones cotidianas, como un arresto, o su proceder frente a la llegada de caravanas de migrantes, con atención especial al respeto de sus derechos humanos.

Victoria llegó a nuestro país con sus dos hijas en 2016, proveniente de El Salvador, solicitando asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A los dos meses le fue reconocida su calidad de refugiada por motivos de género.

Lamentablemente, su detención, aun cuando se alegue que fue por supuesto disturbio en la vía pública, no deja estar marcada por la discriminación y una injustificada violencia institucional.

La investigación sobre su muerte pasa no solo por su contexto individual y de género, sino también amerita una revisión de su contexto social. Es clara la condición de violencia hacia las mujeres, sin importar su nacionalidad, pero no menos grave es la discriminación que da lugar a violaciones a los derechos humanos, particularmente hacia los migrantes, que la mayoría de las veces van acompañadas de una grosera impunidad.

Nos preocupan las condiciones de violencia, desigualdad, pobreza y precariedad de las personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, en su tránsito y estancia por México, sin una alternativa segura de acceso a trabajo, salud, educación y vivienda.

No es fortuito que, dentro de los principales derechos vulnerados a migrantes centroamericanos, se encuentran: derecho a la seguridad jurídica (falta a la legalidad, prestación indebida del servicio público, dilación de procedimientos administrativos, omisiones, empleo arbitrario de la fuerza, entre otras); derecho a la protección a la salud (negligencia médica, omisión de suministrar medicamentos, abandono de paciente, entre otros); derecho al trato digno (causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, ejercer violencia desproporcionada durante la detención, entre otras); derecho a la legalidad; derecho a la igualdad, a la integridad, a la libertad, a la vida y derecho de petición, conforme al Informe de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 2020.

En su Informe Mundial 2020, Human Rights Watch, reconoce que los migrantes que atraviesan por territorio mexicano frecuentemente sufren abusos y violaciones a sus derechos humanos, incluyendo casos donde están implicadas autoridades gubernamentales.

Lo acontecido con Victoria, debe llevarnos a repensar la movilidad humana desde una perspectiva diferente, que nos permita reconocer el derecho a migrar y a permanecer en el lugar de destino. Entender que México ha dejado de ser solo país de origen o tránsito de migrantes, sino también destino para muchos de ellos, lo que conlleva la responsabilidad de autoridades y sociedad de entender su condición, promover su inclusión y respetar sus derechos.

Cuando hemos visto la brutalidad policiaca en Estados Unidos, hemos levantado la voz exigiendo justicia. Lo ocurrido en Tulum, amerita con mayor razón nuestra demanda de justicia y castigo a los responsables y la urgente necesidad de un programa de protección y atención a las personas migrantes que ingresan a nuestro país. Jamás ser migrante debe ser motivo de agresiones.