En diez años de guerra contra el narcotráfico, todos los medios han reportado miles de muertes, de comparaciones, estadísticas y datos, ya sea como crítica a un Estado que se niega a aceptar que su estrategia ha fallado, o como apoyo constante de un gobierno que “no ha cedido” frente a organizaciones que buscan suplantarlo.

Desde 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzara su plan para “recuperar” Michoacán y desatara un conflicto frontal contra “el crimen organizado”, los números han rebasado ya toda posibilidad de siquiera comprenderlos, las declaraciones de masacres como San Fernando, Villas de Salvárcar, Allende o la noche de Iguala se van sumando sin dejar espacio para procesarlas, para creerlas posibles, siquiera.

John Gibler, periodista independiente estadounidense, se ha mantenido cerca de la calle, de las víctimas directas (padres, huérfanos, familiares que siguen buscando a sus desaparecidos) y recupera sus testimonios, sus duelos. Aún con diez años reportando esta “guerra”, sigue sin creerla:

Los simples datos son tan aterradores que sobrepasan el límite de lo verosímil. ¿Quién podría creer, por ejemplo, que el alcaide de una prisión estatal deje salir a asesinos convictos y les preste vehículos oficiales, rifles de asalto automáticos y chalecos antibalas para que acribillen a gente inocente en el estado vecino, para luego cruzar la línea estatal y entrar a la prisión, con la coartada perfecta, la mañana siguiente? ¿Quién creería que una organización paramilitar, formada por ex miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano secuestraría y torturaría a un policía local para que confesara todos los detalles del escuadrón de la muerte formado por prisioneros, grabaría esa declaración, ejecutaría por un disparo al corazón al policía y luego subiría el video a YouTube? ¿En qué cabeza cabría que el Procurador General de la República, a las pocas horas de que la confesión y ejecución estuviera en línea, arrestara al alcaide y luego, días después, montaría una conferencia de prensa, confirmando que el escuadrón de la muerte había operado por meses y asesinó a diez personas en un bar en enero del 2010, ocho en otro bar en mayo del 2010 y diecisiete en un cumpleaños en julio? (Vía: Gibler, Morir en México…)

Y es que la guerra contra el narcotráfico (que el mismo Calderón dijera que nunca le llamó “guerra”) no sólo es una larga lista de historias como la que reporta Gibler, es, junto con ellas, una constante violación a los derechos humanos de la población, una escalada de violencia constante y un río de sangre que no deja de correr, aun con el cambio de gobierno en 2012, aun cuando estemos tratando de buscar algo “que no se cuenta, pero cuenta mucho”.

Hoy, a diez años de iniciada, los logros de la estrategia de seguridad del calderonato y el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene poco que reportar más allá de los centenares de miles de muertos, de los casi treinta mil desaparecidos, del número indeterminable de desplazados, ciudades fantasma y el tejido social deshecho que el ejército, la marina y la Policía Federal han buscado “reforzar”.

La captura, huída y- de nuevo- captura de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán y la extradición de varios otros capos de los cárteles del narcotráfico no ha frenado la violencia ni ha consolidado la presencia del Estado en las ciudades que tenían (que siguen teniendo) controladas: Torreón, Acapulco, Juárez, Veracruz, Iguala, Reynosa siguen estando entre las ciudades más violentas del mundo.

Una década es tiempo suficiente como para revisar la efectividad de la estrategia general; una década ha sido suficiente para que, desde la academia, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales, se planteen mecanismos alternos para enfrentar el problema de las drogas, para resarcir el daño a las familias y la vida cotidiana en las ciudades sitiadas, para pensar la forma como, tras la violencia desatada, vamos a definir quiénes están peleando (y contra qué) en una guerra que no ha frenado la droga, que sigue llegando a los Estados Unidos.

Frente a un Estado que no escucha a sus ciudadanos, de gobernantes que, cuando han sido confrontados directamente por padres de víctimas de sus guerras, parece que no son capaces de sentir nada; frente a un Estado que sigue militarizando la vida cotidiana de millones de mexicanos que viven en ciudades sitiadas en dos frentes (el narcotráfico y el Estado), o que ya no pueden reconocer los límites entre éstos porque, quizá, nunca existieron; la sociedad ha tenido que ir aprendiendo a vivir y sobrevivir repartiendo su dolor y sus muertes: a diez años de comenzada, la guerra contra el narco también ha sido productiva en asociaciones civiles de víctimas, de familiares de desaparecidos, y son ellos los que han forzado el diálogo con la autoridad: a reconocer que hay más de 25 mil restos sin nadie que los llore porque no han sido reconocidos, que hay más de cien mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.

Pero la sociedad no puede cargar con un Estado que, insistentemente, la tumba, la sitia. A diez años de una guerra que inició para solucionar una crisis de legitimidad electoral, hay que encontrar la forma de solucionar la crisis humanitaria que, hoy, corre por las venas abiertas del país.