En días recientes se ha generado mucha discusión con respecto al tema del presupuesto público para atender los impactos económicos que está teniendo la emergencia sanitaria en las personas. Sin embargo, la discusión sigue sin centrarse en lo que es urgente para las personas, su subsistencia.

Ni el decreto publicado el pasado 23 de abril por el titular del Ejecutivo, en el que emitió medidas de austeridad, ni en la iniciativa enviada al Congreso para modicar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, han tenido como n atender las necesidades de las personas que más están siendo afectadas y que no tienen acceso a programas gubernamentales, que se están quedando sin empleo, ni ingresos y en muchos casos no tienen ni si quiera para lo básico, que es la alimentación de sus familias.

Más allá de la discusión legal sobre las facultades del presidente para reasignar recursos y sólo dejar a salvo 38 programas que considera prioritarios, o sobre la constitucionalidad de la reforma que pretende darle más poder discrecional sobre el presupuesto, lo cierto es que el alcance que tienen los programas sociales insignia de esta administración cubren alrededor de 25 millones de personas beneciarias, y no abarcan a toda la población que lo requiere.

En México, de acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos de 2018 elaborada por el Coneval, se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivía en pobreza extrema, y de acuerdo al informe de Oxfam, entre el 6% y el 8% de la población mundial podría caer en la pobreza a medida que los gobiernos paralizan la economía para controlar la propagación del coronavirus. Además, es preciso señalar que, al menos, el 30 por ciento de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tienen mayores desigualdades para acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad.

De acuerdo a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, algunas de las variables en las que podamos ver retrocesos en esta pandemia son la carencia alimentaria, los riesgos inacionarios y el aumento de la informalidad. De un universo de 20.6 millones de empleos formales, el país perdió 346.878 trabajos formales del 13 de marzo al 6 de abril, cuando apenas empezaba la crisis. Por lo que se requieren otras medidas de contención que atiendan las necesidades básicas de millones de personas en pobreza.

Así pues, un grupo plural de legisladores, a iniciativa de Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, de Lorena Villavicencio, Verónica Juárez Piña, una servidora y organizaciones civiles como Nosotrxs, particularmente de Mauricio Merino, estamos impulsando un exhorto que llama la atención a lo urgente, atender a aquellas personas que durante la emergencia están viendo severamente disminuidos sus ingresos, a n de que se constituya un “ingreso único vital”, para beneciar a la población que se dedica al sector informal y a las personas que pierdan su empleo a consecuencia de la emergencia sanitaria.

El ingreso vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica, sería considerado un apoyo extraordinario y temporal que, de manera solidaria, ofrezca un ingreso para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas. Esto podría evitar que las personas caigan en pobreza, que la profundicen, o que tomen decisiones que afecten su capital humano, su patrimonio o sus derechos.

Estaremos empujando está iniciativa que es de vital importancia, en la que estoy segura habrá muchas más voces dispuestas a sumar su apoyo.