Con la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas, personas expertas y organismos internacionales en las audiencias públicas encaminadas a la creación de la Guardia Nacional, se buscó y se logró, al menos en la ley, que su mando fuera civil. Otras exigencias sociales y de la oposición fueron alcanzar el fortalecimiento de las policías con metas, indicadores e inversión pública y que la actuación de las Fuerzas Armadas se apegara al pleno respeto de los derechos humanos.

En su lugar, el presidente López Obrador designó a un militar en retiro para dirigirla, no ha fortalecido a las policías locales y publicó un decreto que mantiene a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública. Eso fue solo el comienzo.

La Guardia Nacional ha sido denunciada por uso excesivo de la fuerza y violación de los derechos humanos. Con ella, o a pesar de ella, aumentaron los homicidios dolosos y los feminicidios, logrando que 2019 haya sido declarado “el año más violento del siglo para México”. Una reciente investigación de México Evalúa documentó que la Guardia Nacional mantiene presencia sólo en 1 de cada 4 municipios con los principales puntos críticos de homicidios en el país; es decir, no está donde debería estar.

Pero el señor presidente hace como que la Virgen le habla y se ha encaprichado en robustecerla. Disto mucho de ser experta en seguridad, pero el sentido común me pone en alerta. En primer lugar, el anuncio de una Guardia Financiera que “busca privilegiar las acciones de inteligencia e investigación orientadas a perseguir y afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales”. Huele a peligro porque hemos visto que en este gobierno la inteligencia financiera se ha distinguido por amedrentar a adversarios del sistema, no a organizaciones criminales.

Dos. Morena también plantea una reforma para establecer el concepto de defensa de la ciberseguridad como “un esfuerzo para proteger a la sociedad, en la que estarían involucradas la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, reforzando los mecanismos de prevención e investigación del delito”. Huele a peligro porque también le da a la milicia facultades de vigilancia y para determinar contenidos.

Tres. En el proyecto de Presupuesto para 2021, el Gobierno Federal ha eliminado el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), contemplado para evaluación de control de confianza, capacitación, mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. Ojo: con la creación de la Guardia Nacional se estableció el fortalecimiento presupuestal de los cuerpos de seguridad estatales y municipales. Saltan dos cosas, en 2020 el Fortaseg cuenta con 4 mil millones de pesos y no se ha fortalecido a las policías locales. Para el próximo año la Cuatroté pretende eliminarlo, dejando en indefensión a las policías y a la seguridad de la ciudadanía.

Cuatro. Ya está listo el dictamen para transferir a la Secretaría de Marina atribuciones de la SCT. Otra vez, pasar las actividades civiles técnico-administrativas a una institución militar. El mentado olor llega con la intención de convertir a la SEMAR en un ente monopólico en materia marítimo portuaria, aduanal y la falta de controles legales. Huele mal porque sin la normatividad civil, hay carta abierta a adjudicaciones directas e información reservada. Quiere decir más corrupción y falta de transparencia.

Cinco. Nos enteramos que la SEDENA hizo una compra considerable de materiales como balas de goma y gas lacrimógeno, utilizados en otros lares para reprimir manifestaciones. ¿A qué le huele?