Desde la década de los noventa se han venido impulsando en México diferentes mecanismos de participación ciudadana como una respuesta al alejamiento de la política de las necesidades e intereses de los gobernados, a fin de que la ciudadanía incidiera en las decisiones públicas. Estos mecanismos van desde la configuración de organismos autónomos, iniciativas ciudadanas, presupuestos participativos, consultar decisiones públicas mediante plebiscito y/o referéndum, candidaturas independientes, y recientemente para la revocación y/o ratificación de mandato.

Cada uno tiene su propia historia, pero la experiencia señala que cuando son diseñados desde una óptica del control político, los mecanismos ciudadanos se pervierten, terminan sirviendo al poder político, o simplemente dejan de funcionar. Así tenemos por ejemplo algunos organismos autónomos que fueron rehenes de un reparto de cuotas partidistas, entre los cuates del poder a los que sirven; o candidaturas independientes con más requisitos legales que para la conformación de un partido político, casi insalvables para ciudadanos y que, al ser cooptadas por políticos enfundados en camisetas ciudadanas, han dejado de ser vistas como una opción, incluso para los primeros que ahora apuestan a formar partidos.

Sin embargo, vale recalcar que su fracaso no es por el mecanismo en sí mismo, sino que se diseñan sin quitar el control de los políticos, quienes se quedan con la llave para activarlos. Esa suerte puede correr la reciente reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados sobre consulta popular y revocación de mandato si no se modifica en el Senado.

La consulta popular, para referirse a los procesos de plebiscito y referéndum, ya había sido incluida en el artículo 35 Constitucional en 2014, podía ser iniciada por el presidente o una tercera parte de legisladores, y avalada por la mayoría simple de ambas cámaras; o por más de millón y medio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (2%); se prohibió hacerlas sobre derechos humanos, impuestos, materia electoral, seguridad nacional, entre otros; la pregunta debía ser avalada por la SCJN y se realizaría el día de la elección.

La reforma actual disminuye a 1% el número de ciudadanos que pueden iniciar la consulta, abre la posibilidad de que se realicen en cualquier momento y no sean concurrentes con las elecciones federales. Hasta acá la reforma parece tener beneficios pues las consultas, además, deberán ser organizadas por el INE y la participación deberá ser al menos de 34% de votantes, número mayor a las recientes consultas impulsadas por el gobierno de López Obrador. Aunque al ser éste quien de manera directa pueda iniciar procesos de consulta, no escapan a la dinámica de consultar sobre decisiones que ya ha tomado, como lo fue con la cancelación del aeropuerto.

En esta reforma se incluyó la revocación de mandato, que su diseño dista por mucho para ser un mecanismo ciudadano. En primer lugar, no se trata de revocar sino de ratificar el mandato del ejecutivo ya que, a diferencia de todos los lugares donde se ha legislado al respecto, es el propio presidente quien puede solicitar al congreso el inicio del proceso, que por mayoría simple debe aprobarlo, y además establece que el proceso es para consultar a la ciudadanía sobre la permanencia del presidente, no para revocarlo, sin definir si la permanencia puede o no ir más allá del tiempo para el cual fue electo.

Por otra parte, si fuera un mecanismo ciudadano sería la ciudadanía quien tuviera la llave para activar el mecanismo de revocación en cualquier momento una vez concluida la mitad del mandato, pero la reforma establece un porcentaje de 3% de firmas, 2 millones 700 mil, sólo para iniciar la solicitud, y establece que será concurrente con las elecciones federales. Sin duda, la fecha termina siendo lo más debatido, pues se avizora como un mecanismo electoral para que el voto cascada beneficie al partido del presidente, lo que vulnera uno de los principios democráticos de una contienda, que es la equidad. Quienes participen, lo harían en circunstancias totalmente inequitativas frente a un presidente en campaña.

Finalmente, las leyes no pueden ser retroactivas, y no deberían aplicar para el presidente en funciones, quien además puede decidir, dependiendo de su nivel de popularidad, si inicia o no la revocación. Lo que hace de esto una simulación. El pueblo pone y el pueblo quita, sólo si el presidente quiere.