En lo que va del año hemos tenido puros números rojos: entre el sector formal e informal más de 12 millones de personas perdieron su fuente de ingresos, mientras que a otros 8 millones se les recortó su ingreso habitual. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas se han visto orilladas a cerrar sus puertas ante la ausencia de apoyos o estímulos del Estado para evitar la pérdida de empleos y actividad económica.

Al país le urge que tomemos medidas para evitar daños aún mayores a nuestra economía, al ingreso de las familias y a las empresas que generan cerca del 50% del PIB y del 70% de los empleos formales.

También se requiere con urgencia dejar de minar la confianza de inversionistas y dejar de generar incertidumbre con decisiones arbitrarias, obstáculos injustificados a los proyectos de inversión y medidas que ahuyentan la percepción de certeza jurídica que garantice la seguridad de capitales. Léase por ejemplo la vergonzosa política energética.

¿Y cuál es la respuesta del Gobierno Federal con el paquete económico para el que se prevé sea el año más difícil del que se tenga registro? Más de lo mismo: una total ausencia de medidas contracíclicas junto con más recortes austericidas, incluyendo la eliminación de los fideicomisos en un desesperado intento por obtener recursos para sus prioridades, aunque ello signifique desproteger a la población.

En la sesión del 19 de octubre, se aprobaron en San Lázaro la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal (Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación) y la Ley Federal de Derechos con una serie de disparates y desmesuras como por ejemplo:

En el dictamen de la Ley de Ingresos se prevé un monto de endeudamiento neto interno de hasta 757 mil millones de pesos. Diga lo que diga el presidente, el problema reside en que la deuda como proporción del PIB está en niveles preocupantes. Aunque se han cansado de repetir que no habrá más endeudamiento, las proyecciones revelan que tan solo en 2020, la deuda pasará del 44.7% del PIB al 59.2%, como consecuencia de la obstinación por no implementar medidas contracíclicas emergentes que amortigüen la contracción económica. Para referencia, durante todo el sexenio anterior la deuda se incrementó en 7.7%, mientras que tan solo en 2020 aumentará alrededor de 15%.

Las reformas al Código Fiscal de la Federación en facultades del SAT, dejan a los contribuyentes a merced de la voluntad de una autoridad recaudatoria que quiere violar su privacidad (con una inusitada y excesiva facultad para utilizar teléfonos móviles, grabadoras y cámaras durante las visitas de fiscalización) y amedrentar con embargos precautorios incluso a terceros relacionados con el contribuyente.

Con la reforma a la Ley del ISR y mediante las típicas previas desacreditaciones, se restringen más aún las vías para que organizaciones de la sociedad civil obtengan recursos para financiar sus actividades, o para que sigan siendo consideradas como no contribuyentes del ISR y puedan mantener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

Ah, pero en la discusión del IVA, no obstante haberse tratado de una iniciativa para apoyar a las mujeres y menores de escasos recursos, originada en demandas de colectivos feministas y respaldada por legisladoras de todas las bancadas para eliminar el IVA de los productos de higiene que usamos las mujeres al menstruar, la mayoría se negó a aprobar la propuesta.

En la Ley Federal de Derechos se aumentaron las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil e internet, los que han permitido el teletrabajo y la educación a distancia.

Así, con más deuda y menos apoyos para atender la crisis económica, aseguran que se conducen con responsabilidad, pero abandonan a los sectores productivos a su suerte, mientras los limitados recursos disponibles se destinan a proyectos de los que hasta hoy no existe evidencia alguna de su viabilidad o en berrinches caros, hay que ver lo que va a costar el teatrito de la consulta.