Después de que en abril del 2013 se reformaran 180 artículos de la Ley General de Víctimas, de un total de 189 tras la supresión de los artículos del 181 al 189, ninguna de las iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados durante los últimos tres años y por las que proponen nuevos cambios ha podido concretarse.
En el 2013, durante la LXII Legislatura, Alfonso Durazo Montaño, diputado federal por Movimiento Ciudadano, propuso expedir una nueva ley general en la materia y abrogar la vigente, pero su iniciativa fue declarada como ?asunto total y definitivamente concluido? el 15 de julio de aquel año, al cumplirse el plazo legal para su desahogo y no alcanzarse los acuerdos políticos necesarios para su aprobación.
De septiembre del año pasado, cuando arrancó la LXIII Legislatura, a la fecha, se han presentado cuatro iniciativas para modificar la referida ley; una por el Congreso de Querétaro, la segunda por el diputado perredista Xavier Nava, otra por la priista Gloria Hernández, y la última por María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Organizaciones de la sociedad civil, como Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, y Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han demandado del Congreso de la Unión modificar la referida ley por considerar que las víctimas del delito tienen muchas menos posibilidades de ser reparadas, mediante el otorgamiento de indemnizaciones, que aquellas que arguyen violaciones a derechos humanos y tortura.
?Es muy importante revisar la Ley General de Víctimas para hacerla más clara, más efectiva?, declaró Rochín del Rincón la semana pasada, en entrevista con El Economista. Y fue a más: ?El señalamiento de la señora Wallace en distintos medios (de comunicación), que me parece muy válido, es que las víctimas del delito tienen muchas menos posibilidades de ser reparadas que las víctimas de derechos humanos. ?(...) En el caso de violaciones de derechos humanos, basta con una recomendación de la CNDH; en el de las víctimas del delito, se requiere de una sentencia definitiva y que además se haya intentado cobrar a la persona que lo cometió. Lo que quiero decir es que sí vale la pena revisar la ley para generar un sistema mucho más eficaz para reparar el daño a víctimas del delito.