Este 24 de agosto, la Presidenta de la Cámara de Diputados presentó junto con la agencia de cooperación alemana, la UNAM, el Tec de Monterrey y la AC POLEA, la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, elaborada nada más y nada menos que en coordinación con la Dirección de Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.

Esta Estrategia marca la ruta para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de reformas e identificación de áreas de oportunidad y vinculación del presupuesto.

Y sí. El ingeniero Alfonso Romo se comprometió a que su oficina coordinaría su cumplimiento. Reconoció las fallas y señaló su preocupación para armonizar con el cuidado del medio ambiente. Ofreció ser un aliado.

¿Por qué es importante?

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible surgió para construir un mundo más próspero, seguro y sostenible, en torno a la preservación del medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico incluyente.

En México nos hace falta más trabajo en la dimensión ambiental, y entre los ODS hay algunos que pueden encontrar mejores condiciones a través de un replanteamiento de la política ambiental y energética, como reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos, polución y contaminación del aire, el agua y el suelo; garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en fuentes energéticas; lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

México asumió la Agenda 2030 como un compromiso de Estado y se comprometió al firmar el Acuerdo de París en 2015, a reducir en 22% los gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono para el 2030.

El problema es que el presupuesto y atención al medio ambiente fue disminuyendo.

Y en plena pandemia, se publicó el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, poniendo en riesgo proyectos para la generación de energía eólica y solar en 18 estados del país, además de las obligaciones y metas comprometidas.

Afortunadamente un juez concedió la suspensión definitiva al amparo de Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y, con ello, la posibilidad de que sigan avanzando los proyectos de energía renovables ya autorizados, siempre y cuando cumplan con el marco legal y respeten los derechos humanos de las comunidades.

Nos recuerda que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido sino incrementado. La legislación y las políticas públicas en materia medioambiental deben contener el principio de no regresión y evitar afectar los estándares de protección ambiental ya adquiridos.

Así que es urgente devolver el presupuesto a CONAFOR para atender incendios y reforestación; a PROFEPA para proteger la riqueza natural y frenar la tala de selvas y bosques, y a CONANP para cuidar las Áreas Naturales Protegidas.

Aplicar el instrumento de Impacto Ambiental y las normas ambientales en los proyectos de inversión pública, precisamente para cuidar comunidades, ecosistemas y biodiversidad. No regresiones.

Afianzar y fortalecer los esfuerzos de legislativo, gobierno, iniciativa privada, academia, científicos, sociedad civil y organismos internacionales para rescatar nuestro medio ambiente, lograr una sociedad más justa y una economía próspera. Hay un sentido de urgencia.