El amor se ve en la cartera, así las prioridades de los gobiernos se reflejan en el presupuesto, y en éste las mujeres no lo somos. El presupuesto público para la igualdad entre mujeres y hombres etiquetado en el Anexo 13 alcanza apenas los 128 mil millones de pesos, no supera el dos por ciento del total del presupuesto público que para el 2021 será de 6.2 billones de pesos.

En honor a la verdad, las mujeres nunca hemos sido prioridad, desde 2008 en el Anexo 9A, que contenía el presupuesto transversal de género, siempre nos han tratado como a la Bartola de la popular canción de Chava Flores, el recurso público ahí etiquetado ha oscilado entre 0.5 y 1.8 % del presupuesto total, y claramente es insuficiente para atender las demandas de más de la mitad de la población: las mujeres.

En su origen, el Anexo 13 reflejó la voluntad política y el trabajo permanente del movimiento de mujeres en el impulso de políticas públicas para superar las brechas de desigualdad y atender las violencias. El anexo transversal contenía programas que atraviesan la actuación gubernamental en casi todas sus dependencias y con limitados recursos, se enfocaron en diseñar un andamiaje institucional para construir la igualdad de género.

Desde el feminismo vemos con gran preocupación que, al paso de los años, y en especial en lo que va de la presente administración, los recursos etiquetados en el anexo transversal se han reducido y con ello desmantelado la política pública para la igualdad de género y para atender las violencias contra las mujeres, en una etapa en que el panorama se complica aún más para nosotras.

Si bien los recursos del Anexo 13 formalmente no se reducen e incluso se incrementan, analizando a detalle se disminuyen, eliminan o fusionan programas sustantivos y se inflan los que carecen de perspectiva de género y no se dirigen a superar las desigualdades que viven las mujeres. Para muestra, el programa de la Secretaría de Bienestar para adultas mayores, con el que se infló el monto del Anexo 13, pasando de 50 mil mdp. a 71 mil mdp. y que no atiende las condiciones desiguales en que las mujeres llegan a la vejez y todas las afectaciones que merman su calidad de vida.

En el PEF 2021 aprobado existen disminuciones importantes a programas para la atención a la violencia contra las mujeres, los refugios apenas cuentan con el mismo monto de cada año; recortes por más de 2 mil mdp, a programas de salud para las mujeres en atención a cáncer y salud materna; en Educación se dejan en ceros programas para la igualdad de género y no discriminación, los que buscan que las jóvenes embarazadas no dejen de estudiar, y se fusionan el de Escuelas de Tiempo Completo y la Escuela es nuestra, con lo que no alcanzará ni para uno ni para el otro; en Bienestar eliminaron el de guarderías y no refuerzan el de apoyos a madres trabajadoras, desaparece el de comedores comunitarios; en Economía disminuyen el programa de microcréditos y eliminan el de fomento al empleo; recortan los dirigidos a los derechos humanos y la transversalidad de género en estados y municipios.

Mención especial merecen los presupuestos a mujeres indígenas, en apariencia prioridad de este gobierno, pero que este año batallaron con los recortes a las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, y en el próximo año con la fusión de éste a una bolsa de programas de DDHH que tiene un recorte mayor a 400 mdp. la lucha para financiar las actividades esenciales que realizan con las mujeres indígenas, seguirá.

Estos recortes impactarán de manera importante la vida de las mujeres. Por eso, insisto en mi llamado a la SHCP para instalar mesas de trabajo que nos lleven a adecuar el Anexo 13 y demostrar así, que con voluntad política, se construyen las bases para la igualdad de género y se logran presupuestos que atiendan lo importante más allá de lo urgente.