El pasado 15 de octubre supimos que el día 8, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, envió el oficio 91636 al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, relativo a la instrucción del presidente López Obrador “en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo de la Guardia Nacional”. Evidentemente, eso no fue lo que aprobó el Congreso y ya lo hemos señalado: el presidente faltó a su obligación y compromiso de construir una institución inequívocamente civil de seguridad pública. Empezó por asignar facultades de seguridad a las Fuerzas Armadas con el Decreto publicado en mayo, violando la Constitución. Así, en lugar de fortalecer a las policías, continúa en su afán por militarizar la seguridad pública, lo que encamina a consumar con esta instrucción al general Sandoval. Ya sé, en los hechos, la Guardia Nacional ha sido dirigida desde el inicio por militares en activo, lo que confirma la demanda de amparo promovida por una mayor del propio Ejército Mexicano.

El mismo 15 de octubre conocimos también del amparo concedido por un juez de Distrito a México Unido contra la Delincuencia, al considerar que el decreto por el que se faculta más a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública es inconstitucional, pues con él no se garantiza que la intervención de los militares sea “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. En su resolución, el juez consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.

También el 15 de octubre nos enteramos de la detención del general Salvador Cienfuegos a petición de la Agencia para el Control de Drogas (la DEA). Posteriormente, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Cienfuegos enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. Está acusado de proteger al cártel de los Beltrán Leyva de operaciones militares; dirigir operaciones militares contra organizaciones rivales del cártel; asegurar transportación marítima para envíos de drogas; realizar acciones para expandir el territorio controlado por el cártel y presentar a los líderes del grupo criminal a otros funcionarios del gobierno dispuestos a ayudar a cambio de sobornos, según el comunicado de la Fiscalía.

Sí, la detención del general Cienfuegos por un lado confirma que en las Fuerzas Armadas también hay personas deshonestas, no solo eso, nos recuerda cosas peores: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha documentado los efectos de la guerra contra la delincuencia organizada de los ex presidentes Calderón y Peña Nieto, caracterizada por la militarización de la seguridad pública, en la que se cometieron sistemáticamente delitos como tortura, detenciones arbitrarias, violaciones, desapariciones forzadas y asesinatos, que suman 920 víctimas (las conocidas) y un listado preliminar de 61 integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron estos delitos.

Es imperativo pues investigar no sólo la red de corrupción y complicidad entre Cienfuegos y otros militares, sino a toda la institución, pues con la detención del General está en entredicho su honorabilidad y confiabilidad.

Lo preocupante es que en esta administración, las Fuerzas Armadas han concentrado más responsabilidades, más poder y más recursos económicos exentos de fiscalización, cuando precisamente en el discurso se dice que se quiere acabar con la corrupción, se ha abierto más la puerta a la opacidad.

También preocupa la militarización del Estado. Preocupa más que el propio presidente se pase la legislación por el arco del triunfo y mantenga oídos sordos a los reclamos sociales para la procuración de los derechos humanos. Lo peor es que ha faltado a su propia palabra.