Impartidores de justicia en cuatro entidades del país, fueron identificados por diputados del partido Movimiento Ciudadano, como patrocinadores de impunidad de gobernadores y funcionarios de distintas regiones del país.

Verónica Delgadillo, Samuel García, Carlos León y Jorge Álvarez, representantes de Movimiento Ciudadano, entregaron en la secretaría general de la Cámara de Diputados, una solicitud de juicio político contra jueces de distrito, que con sus decisiones “han favorecido a gobernadores corruptos”, entre ellos Rodrigo Medina, César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge.

Los integrantes del Poder Judicial, señalados de actos ilegales y protección a gobernantes de escasa honorabilidad, son: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, jueza quinta en materia penal en el estado de Nuevo León; Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, y Ciro Carrera Santiago, juez quinto de distrito en el estado de Quintana Roo.

Los representantes de Movimiento Ciudadano, además de asistir a San Lázaro, se dirigieron al Senado de la República, donde sesiona la comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahí abundaron en sus señalamientos contra César Duarte, Javier Duarte, Rodrigo Medina y Roberto Borge, “son una muestra de la corrupción sistemática presente en el ejercicio del poder publico en nuestro país… Para acabar con la corrupción es necesario acabar con la impunidad. Que los ex gobernadores acusados por la comisión de Ilícitos, así como cómplices, sean juzgados con el mayor rigor posible”.

La solicitud de juicio político fue admitida por la secretaría general en San Lázaro, y se espera, se turne a la Subcomisión de Examen Previo de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

De concretarse tal hecho, en la Subcomisión de Examen Previo iniciaría el proceso de juicio político, turnándolo a la sección instructora de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, los cuatro legisladores de Movimiento Ciudadano acudieron a las instalaciones de la PGR para entregar una demanda judicial en contra de Javier Duarte, misma que fue presentada ante el Tribunal de Justicia Penal de La Haya.