La sociedad es un colectivo multicolor, diverso y heterogéneo, hecho de personas con orígenes, rumbos, circunstancias, experiencias, expectativas, valores y vivencias distintas, pero que al final ha sido probadamente capaz de concentrar sus esfuerzos por un bien común.

Es la sociedad civil la que se ha organizado para exigir sus derechos, y ha promovido los cambios que han permitido alcanzar mejores condiciones -de cualquier índole-, participando activamente en los procesos de decisión que le competen y vigilando el adecuado ejercicio del poder, lo que puede ser incómodo para algunas personas con ideas autoritarias de la cuestión pública.

Gran parte de nuestro entramado legal e institucional se lo debemos al compromiso y esfuerzo de la sociedad civil organizada y movilizada, que ha exigido reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona humana y la vigencia de sus derechos civiles, sexuales, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales.

Nos consta la presión de la sociedad civil organizada junto a personas expertas y de la Academia para fortalecer la democracia, o difundir y promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, para combatir la corrupción y la impunidad o establecer entidades regulatorias en temas de alto nivel técnico como el energético, las telecomunicaciones o la competencia económica.

Todo esto viene a cuenta por los señalamientos que desde el poder se dieron, hacia una lista de organizaciones, de recibir financiamiento del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya. Se les acusó de disfrazarse de ambientalistas o defensores de derechos humanos para recibir dinero y responder a un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político.

Tienen razón las más de 200 organizaciones civiles y colectivos que en posterior comunicado enfatizaron que las declaraciones del presidente no protegen, respetan ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, y generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el estado de derecho en nuestro país.

Esta es solo una de varias muestras, en donde las organizaciones no gubernamentales son descalificadas y golpeadas. El presidente insiste en criminalizar a activistas, periodistas, a personas expertas, y por regla general a todo aquel que opine distinto a él, en lugar de promover el diálogo y facilitar la colaboración.

Decía la abuela que donde el río suena es que agua lleva, y aunque no siempre es fácil aceptar otras opiniones, hacerlo habría servido por ejemplo para evitar los números rojos del II Informe de Gobierno; haber escuchado a la otredad pudo salvar vidas, preservar empleos y la planta productiva, promover una real reactivación económica y contener la inseguridad. Evitar errores, como esos que quieren evitar las organizaciones de la sociedad civil al defender los derechos de comunidades, de su territorio, de la biodiversidad y de zonas arqueológicas ante el, a todas luces, devastador proyecto del Tren Maya.

Es claro que el trabajo de la sociedad civil organizada y movilizada es necesario para contrapesar al poder, más aún en estos tiempos de sed imperial. En particular, habida cuenta que han sido el vehículo de activismo para luchar contra la estrategia cotidiana de distractores y devolver la atención pública y el énfasis hacia lo que sí importa.