Mariguano, drogo, pacheco son términos que se han usado para referirse a cualquier persona usuaria de drogas o incluso como sinónimo de delincuente, ligándolos a la violencia y la locura. Los prejuicios y estigmas al consumo de cannabis no tienen base objetiva, pero han servido para criminalizar a usuarios y satanizar la planta.

Así, el mayor peligro de consumir mariguana se relaciona con los prejuicios y la ilegalidad, más que con sus efectos que pueden ser comparables a los de otras drogas legales como el alcohol y el tabaco, que cuentan con mayor aceptación social.

De acuerdo al texto Mariguana, estigma y rechazo social de Tláloc Humberto Mata-Zamora, “la condena social de la mariguana en México está influida, al menos desde el siglo XIX, por las ideas de las élites político-económicas” advirtiendo que “la condena moral del consumo habitual de cannabis es una de las bases de la política prohibicionista y de la distorsión que ésta provoca en la representación social de los usuarios como enfermos o delincuentes”, cancelando de hecho y de derecho la autonomía de las personas para consumir sustancias psicoactivas, sin afectar a terceros.

Por ello, en el debate legislativo actual es tan importante centrarnos en lo que resolvió la SCJN en 2018 a través de la jurisprudencia y la declaratoria de inconstitucionalidad a 5 artículos de la Ley General de Salud, después de un litigio estratégico impulsado por activistas a favor de los derechos de las personas usuarias de cannabis, señalando que el Estado mexicano debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal como derechos inalienables de las personas adultas.

En la legislación vigente consumir drogas no es delito, pero en los hechos todos los actos para materializarlo es ilegal y constituye un delito. Esto significa, que las autoridades se han dedicado a perseguir y extorsionar usuarios, aunque no hubiera evidencia de que estén involucrados en actividades ilícitas.

Tales disposiciones no solo fomentan la extorsión de los usuarios y la corrupción policiaca, sino que, en el marco de la actual regulación del cannabis, hacen que una nueva industria sea legal, pero las personas usuarias de la misma sigan siendo consideradas delincuentes, antes que sujetos de derecho.

Con la regulación en ciernes no se da cumplimiento al mandato de la SCJN pues se refuerza el carácter punitivo en todo lo relacionado con el cannabis, se mantiene la criminalización del consumo de cannabis psicoactivo al sancionar y no despenalizar la posesión para el consumo personal.

La regulación limita y dificulta el autoabastecimiento al imponer "permisos" para el cultivo privado. Dichos permisos se dan en medio de la discrecionalidad casi absoluta de la autoridad, y ningún mecanismo de garantías para obtenerlas al establecer la negativa ficta en un plazo de 3 meses que es contraria al derecho. Los permisos para el consumo personal o asociado significan una invasión a la privacidad, trata a los usuarios como menores de edad y son contrarios a la autonomía personal, ello sin contar que será una medida inviable e inoperativa que deja márgenes de operación al mercado ilegal.

Para las asociaciones instaura excepciones y límites contrarios a la propia ley de fomento de las actividades de la sociedad civil, con lo que atenta directamente contra el derecho de libre asociación al seguir limitando el número de socios y plantas por asociación, con lo que ninguna asociación podrá satisfacer el consumo de sus socios.

Independientemente de la sobrerregulación que salga del Congreso, la realidad rebasará al anquilosado aparato legislativo, pues cada vez más, las personas usuarias de cannabis se comienzan a reconocer como sujetas de derechos, a salir del clóset y acabar con los estigmas. Los prejuicios se irán de viaje.