Han pasado diez meses de que en la Cámara de Diputado se creó la subcomisión de Examen Previo, órgano legislativo encargado de sustanciar los procedimientos de juicio político contra todos aquellos servidores públicos sobre quienes pesan acusaciones por delitos de corrupción, desvío de recursos, omisión en su responsabilidad, colusión con el crimen organizado y otros, y que hasta el momento no han sido alcanzados por las justicia porque gozan o gozaban del llamado fuero; porque los elementos con los que se les acusa son insuficientes o porque de plano son inocentes.

A casi un año de distancia, la subcomisión se instaló el 14 de abril del año pasado, desde entonces no ha pasado nada, no hay reuniones ni se conoce avance alguno de las investigaciones realizadas al interior de la referida instancia legislativa.

Precisamente por el incumplimiento en los objetivos trazados y por la nula convocatoria para sesionar a sus integrantes, el Poder Judicial de la Federación multó con 7 mil 549 pesos a la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados por no proceder en su obligación de resolver las demandas de juicio político pendientes.

En un apercibimiento a los 14 legisladores integrantes de la subcomisión, el juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa de la CDMX les otorgó un plazo de 5 días para determinar si procede o no el recurso de juicio político interpuesto desde noviembre de 2013 contra el ex gobernador chiapaneco Juan José Sabines. Advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, los diputados serán objeto de una nueva multa por 15 mil 98 pesos, sin descartar su separación del cargo y eventual consignación por desacato a un fallo constitucional.

Los copresidentes de la subcomisión, Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, ambos priístas, convocaron por ello a reunión de trabajo el miércoles 1 de marzo para desahogar las demandas de juicio político prescritas conforme a los plazos legales. Antes, los diputados Jorge Triana (PAN) y Macedonio Tamez (Movimiento Ciudadano) instaron por escrito a Guillén e Ibarra a citar al grupo de trabajo para discutir y votar los más de 350 juicios políticos congelados, y los emplazaron a pagar de su bolsillo la multa.

La sanción impuesta, sin duda, constituye un caso inédito en el desarrollo de los trabajos legislativos, donde un poder le ordena a otro hacer su trabajo y más allá de si la sanción impuesta a los legisladores es legal o no, lo cierto es que la inacción o inoperancia de la referida subcomisión ha contribuido a que las solicitudes de juicio político no sólo se rezaguen sino que estos se sigan acumulando, lo que de alguna manera hace más difícil la aplicación de sanciones penales y administrativas contra el comportamiento irregular de servidores públicos.

Ejemplo de faltas cometidas hay muchas, y en ese caso podemos mencionar el reporte que recientemente dio la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien en su Informe General de la Cuenta Pública 2015, denunció irregularidades estimadas en 165,000 millones de pesos por parte de los gobiernos estatales y el federal. De igual manera, entre 2011 y 2015, reportan que las entidades federativas y los municipios del país acumularon 215 mil millones de pesos de gastos no justificados.

Es una lástima que los legisladores encargados de dar cumplimiento a los términos del artículo 74, fracción V, de la Constitución Política, que señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Constitución, y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren”.

En ese contexto, la multa dada a conocer a los integrantes de la subcomisión de Examen Previo nos parece ridícula e insuficiente cuando de lo que se trata es investigar y sancionar la corrupción, problema número uno del país.

Es probable que los diputados sancionados en este caso obtengan un amparo para no pagar la raquítica multa y también cuenten con la protección de la justicia para realizar su trabajo legislativo en total autonomía o libertad, pero si hay algo que nos queda claro con su inacción, es que no les interesa resolver los señalamientos de corrupción y no lo hacen porque por sus venas corre el mismo tipo de sangre.

VA MI RESTO.- En total, son catorce los diputados sancionados, todos integrantes de la subcomisión de Examen Previo, y puede que no paguen, que aleguen que hay extralimitación en las funciones del Poder Judicial, pero no estaría por demás que este caso sirva para que los legisladores involucrados se despojarán de ataduras partidistas y de una vez por todas dieran celeridad al estudio y análisis de los expedientes a su cargo porque si algo pide la ciudadanía es que ya son tiempos de que la impunidad tenga acciones de mayor dureza y que hayan sanciones oportunas.

Hoy se habla de casi 350 expedientes de solicitud de juicio político, el más antiguo data de hace cuatro legislaturas, por lo que suman casi diez años de rezago, ¿cuántos años más hay que esperar para que a los demandados los alcance la justicia y los declaren culpables o inocentes?, y hasta ahí porque como veo, doy.