La controversia constitucional que interpone Peña Nieto para anular el impuesto  “ecológico”, que el gobernador Tello propuso y la 62 Legislatura aprobó el pasado diciembre, ha sido tomada por una buena parte de la sociedad zacatecana como una bofetada a nuestro estado de parte de un Presidente que  no ha correspondido con el apoyo electoral que su candidatura recibió y que en su momento sirvió para que se definiera a nuestro estado como “el estado más priísta”.

Las empresas mineras tienen a su disposición la vía del amparo,  pero sirve más a sus intereses la  resolución favorable de la Controversia interpuesta,  toda vez que quedaría anulado el impuesto de una vez por todas y cancelada la tentación que otras entidades mineras pudieran tener de hacer algo parecido.       
No comparto la opinión de quienes ven en la postura presidencial un revés político para Tello, aunque la Suprema Corte anule el impuesto de marras, por el contrario, la iniciativa presidencial  deja sin pretexto a la belicosidad política desplegada por las empresas mineras  y ofrece una salida digna para el propio gobernador, al  someter el conflicto al arbitrio jurisdiccional, quienes se espanten por una derrota en ese tenor deben recordar que Miguel Alonso no vivió ninguna crisis por el desenlace adverso de la Controversia Constitucional, interpuesta  a propósito del tema educativo, además de que en términos formales, la derrota corresponde  a la Legislatura.

La fuerza de la costumbre hace que se juzgue  normal que los gobernadores se comporten como simples delegados de Los Pinos, quienes así razonan esperarían que un telefonazo Presidencial  pusiera en marcha la rectificación de una decisión y que Alejandro Tello sometiera a la consideración de la Legislatura una iniciativa que derogara dicho impuesto,  y diera por concluido el episodio con la sumisa votación legislativa, pero para fortuna del federalismo más elemental, la solución será mediante una resolución de la Suprema Corte en torno a  un recurso constitucional que ha sido creado partiendo de reconocer la existencia de legítimas diferencias entre poderes y entre niveles de gobierno propias de una República Federal.

Reflejos centralistas

Por otro lado, si el fallo de la Suprema Corte invalida el impuesto “ecológico”, Alejandro Tello tiene las condiciones para que el Gobierno Federal le auxilie financieramente para compensar lo que dejará de recibir, para eso, además de la habilidad negociadora, el gobierno de Tello podrá usar a su favor el amplio rechazo social a la intransigencia de las empresas que como las mineras y la cervecera, son percibidas como explotadoras unilaterales de recursos que son nuestros.

En tiempos de crisis no es aconsejable incrementar o introducir nuevos impuestos,  lo que sí es pertinente es que  las empresas que explotan recursos naturales de una región deben practicar la elemental reciprocidad con los legítimos dueños de la riqueza que se llevan, como eso no sucede, existe una inconformidad social  respecto a los términos en que se insertan en la vida económica de Zacatecas, inconformidad  silenciada, pero no al grado de ser ignorada impunemente, es ese ánimo social el que reacciona gratificado ante la perspectiva de que Tello deje en el olvido el discurso acrítico de los gobernantes  respecto a las trasnacionales en cuestión.