Suma todas las deudas de todos los gobiernos estatales del país. Los créditos ocultos de Humberto Moreira, las trapacerías financieras de los dos Duartes en Chihuahua y Veracruz, los pasivos opacos de Rodrigo Medina.

La adición debe incluir el saldo histórico, el capital y los intereses, de todos los créditos registrados por todas las entidades de la República. A esa cifra añádele las deudas de todos los municipios que tienen saldos pendientes con la banca. A mediados del 2016, la deuda total de estados y municipios llegaba a los 530 mil millones de pesos.

Ahora multiplica ese número por dos. De ese tamaño son las pérdidas del brazo de Pemex encargado de producir gasolinas entre 2006 y 2015. Durante cada día, de cada año, de esa década, Pemex Refinación perdió en promedio 12 millones de pesos por hora. En los cinco minutos que te toma leer este artículo, Pemex refinación hubiera perdido más de un millón de pesos.

Este es el boquete más grande de las finanzas públicas de México. Hay muchas razones para explicar este agujero: prebendas sindicales, ineficiencias monopólicas y una falta de voluntad política para que los precios del combustible reflejen sus costos de producción. A la par del aumento de las gasolinas, el gobierno no ha dado ninguna explicación pública de qué medidas se van a tomar para frenar ese desperdicio monumental de recursos públicos.

Es necesario darle visibilidad a este problema, que sucesivos gobiernos han escondido debajo del tapete, con la esperanza de que alguien más pague la factura. Rendir cuentas implica dar explicaciones y enfrentar las consecuencias por los malos resultados y las decisiones equivocadas. En los próximos días, la segunda sala de la Suprema Corte tendrá la oportunidad histórica de obligar a Pemex y su sindicato a rendir cuentas por sus hábitos monopólicos en el transporte de combustibles.

El máximo tribunal tendrá que determinar si niega el amparo a Pemex en contra de una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica emitida en agosto de 2013. La extinta CFC, hoy Cofece, presentó evidencia sólida de que Pemex le otorgó privilegios exclusivos a su sindicato para el transporte de gasolinas entre las terminales de almacenamiento y las gasolineras. Las estaciones de servicio no tenían la libertad de contratar los servicios de transporte o hacerlo por cuenta propia.

México está urgido de forjar un estado de cosas donde ningún individuo, empresa o grupo de interés asuma que sus acciones están por encima de la ley. Si se mantiene la sanción a Pemex se daría un paso importante para forjar un mercado competido de combustibles en nuestro país.

Si la Corte se llegara a plegar ante las presiones del sindicato petrolero, el máximo tribunal sabotearía dos de las reformas más importantes de este sexenio: competencia y energía. Primero, el órgano antimonopolios quedaría debilitado ante las influencias políticas de sus sancionados.

Segundo, los nuevos jugadores en el sector energético recibirían la señal de que la cancha no es pareja. Un amparo a Pemex aumentaría el nivel de riesgo y la incertidumbre jurídica para las empresas que están refundando nuestro sector de energía.

Ante el alza de gasolinas, el presidente Peña Nieto preguntó esta semana a los mexicanos: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Va una idea: quitarle a Romero Deschamps, sus socios y sus huestes, las rentas excedentes sobre los consumidores mexicanos. Hay mucha gente muy enojada por el aumento de las gasolinas. Con esta decisión, la Suprema Corte decidirá si ella misma es parte del problema o de la solución.