mar, 17 may 2016
Ciudad de México. El partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados elaboró una propuesta de reforma al artículo 134 de la Constitución, con objeto de regular la publicidad gubernamental a través de un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, constituido como organismo autónomo y ciudadano.
Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, anunció que la propuesta de su partido pretende que el Instituto referido norme los gastos, contenidos y características de la publicidad en los tres órdenes de gobierno, y vigilaría el destino de los recursos públicos, fijando topes máximos de erogación. Con esta iniciativa se acompaña, también, la propuesta para derogar el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque ?hoy abre la puerta a la propaganda personalizada, disfrazada de informes de gobierno?.
En el cuerpo de la iniciativa que habrá de presentarse este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se incluye una propuesta de reforma al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de establecer límites en el otorgamiento de la publicidad en materia de política social. La iniciativa de decreto, en el artículo 134 de la Constitución, refiere la prohibición de pagar propaganda, desde los poderes públicos, exceptuando aquella en materia de salud, protección civil y turismo, que deberá ser de carácter informativo o de orientación social.
?Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones ?considera el Movimiento Ciudadano? se crea el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, el cual es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social?.
Ese órgano, en caso de ser aprobada la iniciativa del Movimiento Ciudadano, se conformaría por cinco consejeros ciudadanos, designados por la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria pública.
Por lo que hace al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, éste quedaría redactado de la siguiente forma: ?la publicidad y propaganda relativa a los programas sociales deberá apegarse a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.
A decir de Clmente Castañeda, el gasto en publicidad gubernamental se ha convertido, en algunos casos, ?en un instrumento de control político, que al ser utilizado de manera discrecional e irresponsable por algunos políticos, busca incidir en la independencia de los medios de comunicación, lesionando con ello el ejercicio democrático y la pluralidad?.