?A pesar que la percepción es que las mujeres ya estamos en condiciones de igualdad, es un mito, una falsa ilusión. La verdad, es que pocas mujeres tienen derecho a voz y voto al interior de sus partidos políticos. Quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres; se abren candidaturas para las mujeres, pero quienes deciden quiénes son candidatas son los hombres, quienes deciden en dónde van a poner a competir a esas mujeres, son los hombres?, afirmó la diputada federal, Mirza Flores Gómez.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) explicó, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO que, a pesar que ha habido avances en materia de igualdad, prevención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, es un tema que no ha encontrado cabida en la agenda nacional y continúan presentándose irregularidades como que los partidos políticos no les asignen recursos a las candidatas o que las envíen a competir por alcaldías o distritos en donde calculan que no serán competitivos, para ?no arriesgar a los hombres?.
?Francamente, los hombres no nos están esperando con los brazos abiertos; se sienten amenazados, no consideran que el asunto de paridad sea un asunto de justicia social, lo consideran una invasión.
A las mujeres se nos cuestiona de manera severa si estamos preparadas o capacitadas para el cargo por el que estamos compitiendo y a los hombres nunca les hemos preguntado si están preparados, ni siquiera nos lo hemos cuestionado?, declaró la jalisciense.
Agregó que en la mayoría de las ocasiones, se da por hecho que -por el simple hecho de ser hombres- los candidatos tienen la experiencia necesaria para desempeñar cualquier cargo público; en contraparte, a las mujeres se les cuestiona, persigue y reprueba al exigirles el doble de trabajo y perdonarles la mitad de sus errores.
La también integrante del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, apuntó que el machismo asignó a las mujeres un espacio privado, razón por la cual hace poco tiempo que es socialmente aceptable hablar en público de la violencia en su contra.
Al mantener por tanto tiempo la idea que las agresiones psicológicas, verbales o físicas constituían un asunto privado que debía permanecer en la secrecía del hogar, se generaba la idea que el Estado no tenía ninguna responsabilidad de intervenir y garantizar la seguridad de las mujeres, al mismo tiempo que el problema permanecía invisibilizado y se naturalizaba, por eso la sociedad consideraba que era normal. Flores Gómez descartó que la violencia política al interior de los partidos sea un tabú sino que, explicó, es un tema que no les interesa.
?Sería un tabú si no se hablara de él pero aquí es claramente una falta de interés el que las mujeres participemos de la vida pública. El que estemos en espacios de decisiones, lo consideran amenazante?, subrayó la legisladora. Sin embargo, agregó que con la participación de las mujeres en política, no solo se ha logrado impulsar temas como la armonización de leyes, sino que han logrado visibilizar temas de los que antes no se hablaba como: derechos de los niños y adolescentes, de personas de la tercera edad, con algún tipo de discapacidad; además se ha logrado atraer la atención a problemas como la desaparición forzada, la prostitución y la necesidad de garantizar los derechos de la población femenina en nuestro país. ?Debemos seguir haciendo hincapié en el tema, porque no hemos logrado nada?, subrayó Flores Gómez y recordó que en entidades como Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas, persisten altos índices de violencia en contra de las mujeres.
Agresiones y participación En marzo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó un protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. Constancio Carrasco Daza, presidente de la sala superior del TEPJF, explicó que en nuestro país, la violencia estructural, representa un riesgo diario para la población femenina y se ha convertido en un obstáculo para que actúen en plena libertad; detalló que esta violencia persiste en ámbitos como el económico, familiar, político y social, lo que implica una violación a sus derechos humanos.
En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ha informado que el año pasado, tuvo conocimiento de 38 casos de violencia política contra mujeres suscitados en ocho entidades de la República: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. Sin embargo, la misma dependencia ha reconocido que cientos de delitos de este tipo no son denunciados; por si fuera poco, en nuestro país se carece de una tipificación de la violencia política de género.
La opinión pública ha conocido de agresiones de este tipo suscitadas; por ejemplo, en Sonora, durante el proceso electoral del año pasado para renovar la gubernatura. En puentes peatonales de algunas de las principales calles de Hermosillo, la capital de la entidad, fueron colocadas dos mantas con mensajes contra la población femenina; en una de ellas aparecía la silueta de una mujer embarazada acompañada de la frase: ?las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón?.
En Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, fue obligada a renunciar a la presidencia municipal y se le cuestionó por el simple hecho de ser mujer; también se ha denunciado el acoso laboral que una magistrada sufrió en San Luis Potosí. En la jornada electoral que se realizará el próximo domingo cinco de junio en 13 entidades en donde la ciudadanía elegirá 12 gobernadores, 547 ayuntamientos, 422 legisladores locales y 60 integrantes del Congreso Constituyente ?que tendrán la encomienda de aprobar la Constitución de la Ciudad de México- persiste un bajo índice de participación femenina.
De entre los 77 aspirantes a las 12 gubernaturas, únicamente 18% son del sexo femenino; es decir, sólo 14 mujeres aspiran a ser gobernadoras.
En entidades como Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, ni siquiera hay mujeres candidatas a la gubernatura. Puebla y Tlaxcala son las entidades que más participación femenina concentran, con tres aspirantes mujeres en cada entidad.