Una clave para que el sistema anticorrupción funcione radica en que se puedan tomar acciones administrativas y penales contra los servidores públicos La limitación máxima de la inmunidad procesal de los servidores públicos, conocida como fuero, está en la mira de diferentes grupos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados, como parte del entramado legal en contra de la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, primero deberán resolver la minuta que sigue atorada en el Senado, en medio de la insistencia del PAN y el PRD de quitarle el fuero al Presidente de la República y la decisión del PRI de mantenerlo.

 
El proceso legislativo que sigue abierto en el Congreso de la Unión fue iniciado hace varios años por el perredista Pablo Gómez, exsenador de la República, pero desde 2015 los nuevos legisladores han presentado otras iniciativas para intentar abrir un nuevo proceso, sin que hasta el momento lo hayan logrado, como Alejandro González Murillo, coordinador de los diputados federales de Encuentro Social, quien desde febrero pasado presentó la primera iniciativa al respecto de esta Legislatura en la Cámara de Diputados.
El líder del PES plantea incluso que la policía pueda ingresar a un recinto parlamentario, si existe orden de aprehensión contra algún legislador a quien se le haya retirado el llamado fuero, en que en realidad es inmunidad procesal. La semana pasada, hizo lo propio el Movimiento Ciudadano, ante el pleno de la Comisión Permanente. En ambas ocasiones, los legisladores federales argumentaron que retirar esta inmunidad procesal es fundamental para que se pueda avanzar en el proceso anticorrupción, porque es necesario que ningún servidor público observe en este llamado fuero la oportunidad para esconderse de la acción de la justicia. Desde el primer semestre de 2013, el Senado recibió formalmente la minuta en materia de fuero y la turnó a comisiones, donde la discusión se debe centrar en retirar o no esta inmunidad procesal al Presidente de la República.
Los grupos parlamentarios fijaron su posición desde ese momento así, mientras el PRI y el PVEM aseguran que su voto será por que la reforma se apruebe tal cual llegó de la Cámara de Diputados, el PRD y el PAN tienen acuerdo de insistir por retirar el fuero al mandatario federal. Se trata de una reforma constitucional que registra ya la última fase de su recorrido federal, pues nació en la Cámara de Diputados, fue modificada en el Senado, los diputados le hicieron otros cambios y ahora el Senado tiene en comisiones el análisis, aunque con el debate sobre el llamado fuero presidencial.
El Senado había decidió originalmente que los servidores públicos con inmunidad podían ser juzgados penalmente, pero con la protección constitucional, pues no podían ser detenidos durante el proceso y una vez que se emitiera la sentencia en su contra la Cámara de Diputados iba a decidir si quitaba el fuero o hasta que terminara su encargo.
La Cámara de Diputados modificó ese procedimiento, para que, una vez que la sentencia emitida cause ejecutoria y cuando ésta condene a la privación de la libertad, tenga como efecto inmediato la separación del cargo del servidor público y la ejecución de la pena, sin que para ello deba intervenir la Cámara. Otro punto que se modificó es que el Senado propuso aplicar la misma regla a todo funcionario, incluido el Presidente de la República; los diputados conservaron la redacción constitucional actual y con ello el fuero presidencial se mantiene.
La Cámara de Diputados adicionó el proyecto para que, en caso de delitos del fuero común, el servidor público pueda solicitar en cualquier momento a las autoridades federales que atraiga la investigación y el proceso.
INMUNIDAD
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (Sil), el Fuero Constitucional es la prerrogativa de senadores y diputados ?así como de otros servidores públicos previstos en la Constitución? que los exime de ser detenidos o apresados, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen. El término es de uso coloquial o común y suele utilizarse también como sinónimo de inmunidad parlamentaria.
De acuerdo con Información Legislativa, el fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.