Depredadores medioambientales de las Áreas Naturales Protegidas, recibirán mayores sanciones: Adriana Medina Ortiz
La corrupción y la inconciencia de algunas autoridades, permite a delincuentes, la apropiación ilegal de sitios que deben ser protegidos.
Para erradicar la tala clandestina, el despojo, la invasión de predios y la ocupación ilegal de terrenos y lotes correspondientes al patrimonio natural, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta presentada por la diputada ciudadana Adriana Medina Ortiz, para tipificar como fraude la regularización de predios o polítgonos, lotes o terreno, urbanos o rurales que tengan una posesión de origen ilegal o carezca de permisos emitidos por la autoridad ambiental correspondiente, ubicados dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
El dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal fue respaldado por la Cámara de Diputados y plantea el endurecimiento de medidas punitivas y la ampliación de la protección de los recursos naturales a través del Código Penal Federal, buscando integrar entre las conductas delictivas, aquellas acciones de sabotaje o daños a los mecanismos de carga de diversos cuerpos de agua, cuando éstos forman parte de las áreas protegidas o catalogadas en los convenios internacionales firmados por nuestro país:
“Desafortunadamente, el andamiaje institucional y legal en materia de protección ambiental vigente no es suficiente para evitar que la delincuencia o algunos grupos de vividores, usurpen la titularidad de la nación en el uso, aprovechamiento y defensa de muchas áreas protegidas y santuarios”, alertó la diputada Medina Ortiz, al exponer el dictamen.
México se ha ubicado como la quinta nación que más desforesta su territorio, con alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas anualmente; y es uno de los países que más prácticas ilegales de daño intencional a espacios naturales protegidos con fines de explotación comercial presenta.
La diputada Medina Ortiz añadió que el modus operandi de este tipo de depredadores medioambientales generalmente, opta por la construcción de asentamientos en selvas y bosques, lechos de lagunas, presas y ríos con la finalidad de que, pasado algún tiempo, la corrupción y la inconciencia en algunas autoridades, les permita la apropiación ilegal de estos sitios, a la que por lo regular se suman daño o sabotaje de los mecanismos de abasto de agua a los cuerpos de agua, para facilitar dicha invasión.
“Cuando este tipo de comportamientos antisociales suceden en centros urbanos o en espacios que tienen bien definida la titularidad de la propiedad, existen condiciones para que quien sustente la propiedad legal de los terrenos defienda su patrimonio. Sin embargo, cuando estos comportamientos criminales se desarrollan en áreas protegidas o santuarios para la protección de especies, los despojos e invasiones en muchas ocasiones, encuentran el manto protector de la impunidad”, añadió.
Parte de la respuesta a esta situación, dijo pasa por temas legislativos en materia ambiental y vivienda, así como ejercicios de concientización, pero es un hecho que también parte de la solución debe pasar por la sofisticación de la protección de la propiedad, pública y privada.
México tiene entre el 10 y 12 por ciento de la biodiversidad mundial, integrada por más de 200 mil especies diferentes de flora y fauna. Tan sólo en flora, el país ocupa el cuarto territorio más rico al contar con más de 26 mil especies distintas. Nuestro país ha suscrito más de 76 documentos internacionales en materia de protección ambiental.
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