Las y los Diputados Ciudadanos exhortamos a las entidades y municipios a velar por hacer cumplir este derecho y emprender una nueva política en el desarrollo de las ciudades 

En representación de Movimiento Ciudadano, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, destacó que con la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de movilidad y seguridad vial, se logra un avance en la nueva realidad de las ciudades, en favor de un desarrollo sustentable de las ciudades y teniendo a la movilidad y a la seguridad vial como temas prioritarios.

Con estos cambios al artículo 4 de la Constitución queda establecido que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” y se modifica el artículo 73 para que el Congreso tenga que expedir en materia de movilidad y la implementación de políticas públicas. 

La diputada ciudadana quien preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad en la Cámara de Diputados, destacó que esta aprobación refrenda el activismo de familiares de víctimas de accidentes viales, de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, y de la senadora Patricia Mercado por ser luchadores incansables y aliados en esta causa. 

“Todos los días, los mexicanos nos enfrentamos con el riesgo de perder la vida o la salud por el simple hecho de trasladarnos por nuestras calles y carreteras y esta es una situación que, sin duda, violenta directamente a nuestro derecho de vida, a la salud y afecta nuestro patrimonio. Hoy, 44 mexicanos no regresarán con vida a su hogar por accidentes viales que se pudieron evitar”, destacó Lozano Mac Donald. 

Para Movimiento Ciudadano, esta reforma responde a la necesidad de establecer la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno en la materia, como lo ha impulsado desde hace años en legislaturas locales, en los gobiernos municipales, en el estado de Jalisco.

Las y los Diputados Ciudadanos, respaldaron dicha iniciativa al iniciar una nueva etapa para el país en materia de planeación y desarrollo urbano; para las ciudades en el diseño de mejores y más seguras condiciones en los flujos comerciales y cadenas productivas; nuevas posibilidades para la protección de la salud pública; el reconocimiento y desarrollo de derechos que hasta el momento, su ejercicio no se había planteado por falta de facultades; el impulso a nuevas leyes secundarias que podrán aportar a mejorar la calidad de vida de las personas; y la posibilidad de ampliar la proyección de espacios públicos, transporte y desplazamientos seguros.