• Ante la pronta entrada en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, México está obligado a implementar medidas a garantizar este derecho.
• En nuestro país hay 2.3 millones de trabajadoras; cifras de INEGI señalan que sólo cuatro de cada 10 tienen educación básica terminada. 
• De acuerdo a Conapred, el 36% inició siendo menores de edad y el 72% señalan que no tienen oportunidad de continuar con sus estudios.

Con el propósito de contribuir a la consolidación de los derechos de los y las trabajadoras del hogar, la diputada ciudadana, Fabiola Loya Hernández, presentó una reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) para que se les garantice el derecho a la educación, especialmente sin son menores de edad.

La iniciativa de la legisladora jalisciense se sustenta en el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional de Trabajo, el cual entrará en vigor nuestro país en julio de 2021 y requerirá un nuevo de proceso de revisión y armonización de la legislación nacional.

Una de las obligaciones que exige el Convenio a los países miembros, es adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por personas menores de 18 años, pero mayores de 15, no les impida continuar con la escolaridad obligatoria. “Aunque en México, la educación media superior y superior son un derecho, la Ley Federal de Trabajo sólo contempla medidas para garantizarles la educación básica. Ante la futura entrada en vigor del Convenio 189, es necesario armonizar nuestras leyes a fin de que también se le reconozca el derecho de acceder al bachillerato y educación superior”, declaró Loya Hernández.

Una encuesta realizada por Conapred reveló que el 36% de los y las trabajadoras del hogar iniciaron siendo menores de edad, asimismo, el 72% no tienen oportunidad de continuar con sus estudios, lo que de facto los limita a contar oportunidades para mejores salarios y condiciones laborales o incluso, aspirar a otra profesión.

Por lo anterior, Loya Hernández, explicó que su iniciativa propone reformar el artículo 331 Bis de la LFT, a efecto de que los empleadores faciliten a las trabajadoras menores de edad su asistencia a una escuela media superior o superior, así como las condiciones para que cumplan con los requisitos, horarios y responsabilidades necesarias para lograr su acreditación, so pena de recibir una multa de hasta $21,720 pesos a quien obstaculice este derecho.

Adicionalmente, Loya Hernández propuso una se reforma al artículo 337, para facilitar que mujeres y hombres mayores de edad, también tengan acceso a la educación secundaria, bachillerato y universidad, ya que actualmente ésta solo contempla el acceso a la educación primaria, “todos, sin importar género, edad, ni profesión, tenemos el mismo derecho a desarrollarnos académicamente y hacernos de las herramientas para forjarnos un mejor futuro”, puntualizó la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano