La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 nos demanda actuar con prudencia y determinación, el Estado debe atender de forma prioritaria el plazo corto, no obstante, las decisiones inmediatas no deben afectar las acciones que rinden frutos en los plazos mediano y largo, menos aún las materias de enfoque eminentemente social como la educación, la cultura, y particularmente la ciencia, tecnología e innovación.

El pasado 02 de abril, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un Decreto Presidencial que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal, para concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación y hacer frente al desafío que tenemos hoy en día.

En esta tesitura, y en apego a la fracción V del artículo 3 de nuestra Constitución, es un deber del Estado hacer un cuidadoso análisis de todos aquellos que tengan un fin social educativo, cultural y sobre todo de apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico; adicionalmente, la Ley de Ciencia y Tecnología faculta al  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para establecer y operar fondos, cumplir con los programas y actividades sustantivas de investigación, docencia, vinculación y divulgación en los tres órdenes de gobierno.

La pandemia de coronavirus, ha puesto de manifiesto el imprescindible papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en la búsqueda de soluciones. Nuestro país requiere profesionales y propuestas que nos ayuden a hacer frente durante el confinamiento, en la recesión y después de ésta. Se necesitan métodos de diagnóstico más rápidos, fiables y económicos, investigación para el desarrollo de vacunas, la validación de nuevas terapias, entre otros. Dichos objetivos implican mayor coordinación entre los órdenes de gobierno y entre las esferas pública y privada, así como prever los recursos económicos suficientes para garantizar el derecho, de todas las personas, a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.

Los países que invierten en desarrollo científico y tecnológico, logran mayor eficacia en el desarrollo de políticas públicas para la atención de sus problemáticas específicas en materias como la salud y el combate a la pobreza y desigualdad. El Fondo Institucional de CONACYT, los fondos mixtos, los fondos sectoriales, el Fondo Regional para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología, y los fondos para proyectos y operación de los Centros Públicos de Investigación, de los cuales no es responsable el CONACYT, sino también la SEP, son en suma recursos que han tenido como objetivo la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, así como el fortalecimiento de las capacidades locales en la materia, asimismo han impulsado la vida y operación de los Centros Públicos. Además, dichos fideicomisos están vinculados con actividades científicas y académicas de instituciones como la UNAM, el IPN, la UPN o el CINVESTAV.

Debemos hacer lo que esté al alcance del poder público para que en esta crisis se potencie el talento, el capital humano y la investigación que el país necesita en esa materia. Por ello, las y los Diputados que integramos esta LXIV Legislatura nos pronunciamos por que la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de la Función Pública y a las demás instancias competentes garanticen los recursos para Ciencia y Tecnología, y a la vez se cumpla el objetivo de eficiencia y eficacia de los mismos.

El quehacer científico tiene una planeación y un ejercicio de gasto con especialización y sus resultados no siempre son inmediatos, sin embargo, la formación de científicos y tecnólogos, así como el desarrollo de soluciones especializadas son indispensables no sólo al enfrentar crisis como la que vivimos actualmente, sino al hacer frente a otras problemáticas que se han agudizado.

La petición que hacemos a dichas dependencias gubernamentales está basada en los supuestos de excepción establecidos en el propio decreto. El Artículo 5 señala que el decreto no aplica a fideicomisos constituidos por mandato de ley o Decreto legislativo, y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, por lo que las disposiciones no aplican a los fideicomisos establecidos conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología, por tratarse de Fondos CONACYT o Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que tienen una naturaleza y regulación especial.

En este tenor, también señalamos que los Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, no son fideicomisos de carácter federal sino fideicomisos mixtos convenidos entre CONACYT y los gobiernos estatales.

Los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados representados en la LXIV Legislatura exhortamos a que el análisis de los fideicomisos sea exhaustivo y cuidadoso, a fin de que se logren los objetivos planteados y no se afecte de forma alguna el desarrollo en ciencia y tecnología.

Como diputados y diputadas federales, expresamos que para la búsqueda de soluciones debe haber un diálogo inclusivo y abierto, para garantizar el apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico y no afectar a ninguna de las instituciones ni proyectos en curso y potenciales.

Las y los legisladores de los diversos Grupos Parlamentarios de la LXIV Legislatura estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones que nos permitan hacer frente a la crisis sanitaria, con miras a fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico del país. Asimismo, exhortamos a un compromiso nacional, la federación, estados y municipios, para llevar a cabo todas las acciones para dotar a México de las herramientas que nos permitan enfrentar los retos del mundo que será distinto al superar la pandemia.