El andamiaje institucional de nuestro país prevé, como uno de los principios para garantizar la equidad y libertad política de todas y todos los ciudadanos, un sistema de pesos y contrapesos del ejercicio del poder político. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 incluyó en la estructura jurídico-política de nuestro país la división del Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Situación que actualmente prevalece y que, en nuestros días, se encuentra plasmada en el artículo 49 del texto constitucional.

En este sentido, las democracias modernas han evolucionado para perfeccionar los sistemas de pesos y contrapesos que les permitan a las y los ciudadanos ejercer a plenitud sus derechos, así como para garantizar que las acciones de gobierno se lleven a cabo en un marco de legalidad, Estado de derecho, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Esta última, en el caso del servicio público, implica además la responsabilidad de responder por las acciones y decisiones institucionales relacionadas con el uso y administración de los recursos públicos.

La rendición de cuentas como un instrumento de combate a la corrupción requiere de sus elementos fundamentales que le dan forma y la hacen tangible, el conceptual que nos permite entender su utilidad para generar los equilibrios entre poderes, y los mecanismos que la materializan mediante sistemas, herramientas, metodologías y modelos.

En este contexto, la Honorable Cámara de Diputados, compuesta, como lo enuncia el Artículo 51 constitucional, por los representantes de la Nación, y como tal representante de la amalgama ideológica y aspiracional del pueblo mexicano, es el poder encargado de la función de fiscalizar, auditar y revisar los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales por parte de: los Poderes de la Unión; los entes públicos federales; y los estados y municipios, labor que realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación, prevista en el Artículo 79 de nuestra Constitución Política, el cual la dota de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

En este sentido, la fiscalización superior de la mano con la auditoría gubernamental, el control, la evaluación y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, se convierten en medios relevantes para atacar frontalmente el fenómeno social y económico que implican los actos de corrupción.  Por lo tanto, la existencia de Organismos Fiscalizadores es un paso hacia adelante en control del ejercicio del poder, que permite dimensionar y darle forma a la rendición horizontal y vertical de cuentas.

Por ello, el escrutinio riguroso sobre el uso y destino de tales recursos, tan necesarios para el crecimiento del país, se constituye en una responsabilidad que compartimos todos los grupos representados en esta Cámara, en el marco de la pluralidad y el respeto.

Por su naturaleza la función fiscalizadora cuenta con una visión sobre el funcionamiento del gobierno y, en consecuencia, está en posibilidad de alertar sobre riesgos y vulnerabilidades estructurales, lo cual constituye un insumo con un alto grado de valor para el debate legislativo y la toma de decisiones que esta Soberanía tiene como encomienda realizar.

En ese sentido, el día de hoy, mediante las entregas parciales de informes individuales, se hace patente la práctica necesaria de revisar de manera integral el grado de avance de las políticas, programas y acciones de gobierno; también constituye la puesta en marcha de principios rectores que sostienen al Sistema Nacional Anticorrupción, en la vertiente de la fiscalización superior, en tanto se pone a disposición de los legisladores federales, con mayor oportunidad, información respecto al desempeño del aparato gubernamental mexicano.

Al mismo tiempo, esta segunda entrega de informes abona al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los ejecutores del gasto, ya que a partir de los resultados presentados, éstos pueden generar acciones de prevención y autocorrección durante el ejercicio fiscal en curso.

Es decir, una auditoría relativa a la Cuenta Pública 2018 puede y debe influir positivamente en mejorar la eficiencia administrativa, el control interno y la observancia normativa durante el actual ejercicio fiscal 2019 y con una visión prospectiva hacia los siguientes años; constituyéndose así en un elemento importante para promover la eficiencia y eficacia del sector público nacional y en un factor clave para prevenir actos irregulares.

Por tal motivo, en ejercicio de la facultad exclusiva de esta Honorable Cámara de Diputados, de Revisar la Cuenta Pública, con el propósito de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, prevista en el Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy los Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibimos, en tiempo y forma, la Segunda Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, en cumplimiento al Artículo 79 constitucional, fracción II y en los términos previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ello como parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que prevé un total de 1811 auditorías a 171 entes públicos, de 29 Sectores de la Administración Pública Federal, Órganos Autónomos, Instituciones de Educación Superior y Empresas Productivas del Estado, así como a las 32 Entidades Federativas, Municipios y Alcaidías de la Ciudad de México. De las cuales el pasado 28 de junio, se recibieron, como parte de la Primera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías, correspondientes a la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, resultados de 268 revisiones: 19 de Funciones de Gobierno, 41 de Desarrollo Económico, 18 de Desarrollo Social y 190 de Gasto Federalizado.

La entrega de informes que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación es fundamental para abonar a la mejora de la gestión gubernamental, la discusión de los asuntos públicos en el marco de nuestras funciones como representantes populares y promover leyes que apuntalen el progreso de nuestra sociedad. 

Ello resultará de los trabajos de análisis que la Comisión de Vigilancia, en coordinación con la Unidad de Evaluación y Control, realicemos de manera técnica, puntual y objetiva, con la firme convicción de que las acciones que se deriven de dichos trabajos, impulsarán la transparencia y la efectividad el gasto público, que se traduzca en mayor confianza ciudadana.

Asimismo, el seguimiento que realicemos a los resultados nos permitirá enfrentar con mayor certeza las tareas de combate a la corrupción e impunidad, así como mejorar el quehacer gubernamental, porque más allá de las diferencias políticas o partidistas debemos vigilar el buen uso de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno y exigir rendición de cuentas.

Ratifico el papel trascendente que tiene en ese escenario el trabajo de la Auditoría Superior, el de mis compañeras y compañeros diputados al interior de esta Comisión, y el de los cuadros profesionales de la Unidad de Evaluación y Control, que juntos conformamos un triángulo virtuoso de interacción profesional que asume, en tres frentes que convergen, un mismo compromiso con la causa que nos anima: la rendición de cuentas, la transparencia, y la mejora de la gestión pública.

Expreso por ello que ese vínculo lo debemos estrechar cada vez más, que constituya no un intercambio eventual, sino una comunicación constante, cercana, continua, la que una a todos los que estamos aquí, para que podamos lograr mayores y mejores resultados.

Sigamos sumando con altura de miras, con el firme propósito de avanzar en la construcción de un país con más y mejores oportunidades para las y los mexicanos; en donde la igualdad y el progreso sean un referente inamovible; que mediante el uso correcto, eficaz y eficiente de los recursos públicos se generen mejores condiciones de vida.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano