La vicecoordinadora de los Diputados Ciudadanos, Fabiola Loya Hernández, presentó una iniciativa para evitar que los delitos cometidos por funcionarios públicos prescriban y que el crimen quede impune. 

Actualmente, la ley determina que los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su encargo tienen una prescripción de siete años, mismos que en la mayoría de los casos no son suficientes para armar el proceso e imponer una pena. 

“Desafortunadamente, el concepto de prescripción de la pena puede utilizarse de forma indebida al servir como protección para algunos funcionarios que cometen faltas administrativas e incluso delitos; por lo que, si verdaderamente queremos acabar con la corrupción en el sector público, primeramente, debemos eliminar estas medidas de inmunidad que actualmente existen en nuestra legislación”, explicó Loya Hernández.

En su iniciativa, la legisladora propone que las faltas administrativas graves y los delitos como el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias no sean sujetos de prescripción.

Con esta modificación legal, México actúa acorde a diversos instrumentos en materia de anticorrupción, suscritos ante organismos internacionales, entre los que destaca la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que determina la obligación de los Estados de contar con mecanismos eficaces para sancionar estos actos.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano