La Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo presentado por el coordinador de los diputados ciudadanos, Tonatiuh Bravo, con el que exhorta al Estado mexicano a cumplir el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en materia de desaparición forzada.

El acuerdo es para dar seguimiento al dictamen del pasado 5 de agosto de 2019 de la ONU, con el cual exhorta al Ejecutivo a realizar las acciones correspondientes, para dar respuesta al caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, ocurrida el 20 de octubre de 2010, luego de ser detenido por la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, Veracruz. 

Por solicitud de los familiares y debido a que México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la ONU dio a México un plazo de 180 días para informar sobre las medidas que tomará para implementar el dictamen y para garantizar que se presten a los familiares,  tratamientos de rehabilitación psicológica y médica en función de sus necesidades.

 “El problema de desaparición forzada está creciendo en nuestro país. Por ese motivo, es imprescindible la respuesta del Poder Legislativo, para impulsar un trabajo que permita enfrentar el problema de la desaparición forzada y estar a la altura de acuerdos internacionales en derechos humanos”, explicó el coordinador ciudadano. 

En 2018, Amnistía Internacional indicó que no se había esclarecido el paradero de 34,656 personas en México (25.682 hombres y 8.974 mujeres). Por eso, Bravo Padilla llamó a acreditar en la desaparición de una persona, la actuación de un servidor público que deliberadamente ocultó la detención de una persona señalada como desaparecida, aunque la detención se haya realizado de manera legal.

El Comité de Derechos Humanos, por otro lado, señala que México “ha violado todos estos derechos en el presente caso”. “No se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables”.

La solicitud de la ONU alcanza a los tres órdenes de gobierno: 

1. Se exhorta a las y los titulares de entidades federativas para que sus organismos encargados de la investigación de personas desaparecidas trabajen conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

2. Se exhorta a los organismos de derechos humanos de cada entidad a fortalecer el respeto de los derechos humanos y realizar acciones que ayuden a conocer sobre las acciones legales que los ciudadanos pueden ejercer, no solo en el país, sino ante organismos internaciones.

3. Se exhorta a las autoridades federales y estatales para coordinar sus acciones entre los órdenes de gobierno.

4. Se exhorta al Congreso de la Unión, para que en el próximo periodo de sesiones se realice un estudio y análisis de las reformas en materia de Desaparición Forzada, de arraigo, registro de migrantes e identificación de cadáveres, y otras que se relacionan con los Derechos Humanos.

En virtud de que se trata de un asunto de trascendencia para México, y al ser un exhorto de este tipo inédito, ya que nunca antes un organismo internacional se había pronunciado de esta manera frente a un gobierno mexicano, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente impulsó su aprobación.