Cámara de Diputados aprueba iniciativa de Movimiento Ciudadano para proteger a policías
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen presentado por la diputada ciudadana Carmen Julia Prudencio para aplicar penas de dos a doce años de prisión a quienes agredan o lesionen a servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos.
Prudencio González celebró que el dictamen fuera discutido en el pleno, ya que actualmente esta labor carece de mecanismos que garanticen su seguridad, y ahora se abre la posibilidad de aplicar penas severas a quienes comentan algún delito en su contra.
Al proteger los derechos de los policías, el estado asume su responsabilidad de tutelar su seguridad física y atender la vulnerabilidad a la que se afrontan, explicó Prudencio González, ante el incremento de incidencias contra las autoridades.
La diputada ciudadana enfatizó que es importante realizar esta modificación al artículo 189 del Código Penal Federal, ya que desde 1931 no se actualiza y ahora el país se enfrenta a otra condición de inseguridad que debe ser atendida de manera integral.
Detalló que el dictamen busca prevenir las más de 2 mil muertes de policías que fueron asesinados en los últimos 20 años, de acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad, en los cuales contempla elementos estatales y municipales. Además, agregó que tan solo entre 2012 y 2016, en la Ciudad de México fueron agredidos 2,600 elementos. Sin considerar los elementos fuera de servicio que han sido lesionados.
Al finalizar su intervención, recordó que Jalisco ya legisló en la materia para proteger a quien nos protege de manera tangible. Por ello, exhortó al pleno a implementar más medidas en pro de la seguridad de los policías.
El presente dictamen busca garantizar la seguridad de los secretarios del despacho, del Fiscal General de la República, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, los miembros de Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Electoral , los miembros del Consejo General del INE, el presidente de la CNDH, los directores o miembros de las Juntas de Gobierno y sus equivalentes de los organismos descentralizados.