Su trabajo es garantizar que el marco jurídico agrario contribuya y se ajuste a las necesidades del desarrollo rural integral del país en la nueva política de Estado para el campo, que permita: mejorar las condiciones de vida de la población de las áreas rurales; fortalecer la soberanía alimentaria; promover, fortalecer y regular el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas con protección al medio ambiente para lograr que los asentamientos humanos sean apropiados en las comunidades rurales y urbanas.

Su objetivo es proveer oportunamente información relevante, al alcance de cualquier persona, acerca de los cambios de la legislación, la efectividad y en su caso la adecuación propuesta a las políticas públicas, así como la vigilancia en el destino, la aplicación y el ejercicio de los recursos públicos federales, en el ámbito de la vivienda.

Su trabajo consiste en generar iniciativas de ley orientadas a mejorar la calidad de vida y la justicia social de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como gestionar la incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación los programas públicos y privados orientados a mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.