Su trabajo es garantizar que el marco jurídico agrario contribuya y se ajuste a las necesidades del desarrollo rural integral del país en la nueva política de Estado para el campo, que permita: mejorar las condiciones de vida de la población de las áreas rurales; fortalecer la soberanía alimentaria; promover, fortalecer y regular el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas con protección al medio ambiente para lograr que los asentamientos humanos sean apropiados en las comunidades rurales y urbanas.