Los Diputados Ciudadanos Jorge Álvarez Máynez y Víctor Sánchez presentaron una iniciativa de Ley de Amnistía a favor de los sentenciados por el consumo o posesión de marihuana.
Advirtieron que la criminalización de los consumidores representa un uso poco eficiente y racional de los recursos públicos destinados a la procuración de justicia y las políticas de seguridad.
El diputado Álvarez Máynez mencionó que el 60% de los internos se encuentra en las cárceles por delitos contra la salud; de éstos, un 59% fue sentenciado por consumo de marihuana, lo que significa que el 35% de la población carcelaria federal ?casi 8 mil presos?son personas apresadas por posesión o consumo de la hierba.
Subrayó que existe una sobrepoblación de 300 por ciento en las cárceles del país. ?En México ?añadió el legislador zacatecano? se vive la paradoja de la impunidad donde hay presos no sentenciados?.
?Los gobiernos han sido hipócritas: no está en prisión el Chapo (Guzmán), pero uno de cada cuatro reclusos por posesión tenía menos de 200 pesos de marihuana cuando lo capturaron?, dijo Álvarez Máynez. ?A la mitad no la defendió un abogado, y de los que sí tuvieron uno, la mitad declaró que su defensor no les comunicó en todo el proceso penal las determinaciones que se estaban tomando, ni los razonamientos jurídicos de su encarcelamiento.
Esas personas están en prisión por pobres, por no tener dinero para corromper a una autoridad, para pagar una fianza o para tramitar un juicio de amparo?.
Dijo que es necesario empezar con urgencia la tarea que la Suprema Corte de Justicia ha dejado al Poder Legislativo. ?Lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia tiene una implicación fundamental para la discusión de reformas legales en salud pública y en la política en materia drogas. Una conclusión elemental es que se rompió el paradigma prohibicionista sobre el consumo y la posesión de marihuana?, destacó el diputado Álvarez Máynez.
?Lo que está pendiente es cómo enfrentamos esta responsabilidad que nos ha puesto la Suprema Corte de Justicia a la luz de los criterios de libertades individuales con los que resolvió, por encima de la muy irregular, accidentada y poco efectiva política sobre la distribución ilegal de drogas del Estado Mexicano?.
La iniciativa fue respaldada por la bancada de los Ciudadanos y fue turnada a la Comisión de Justicia.
La Vicecoordinadora de la Bancada de los Ciudadanos, María Elena Orantes, presentó una iniciativa para hacer viable la participación de las comunidades indígenas en el diseño de planes y programas de estudio en la educación que imparta el Estado.
?Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta iniciativa busca cambios que implican asumir nuestros compromisos internacionales y reconocer con más fuerza el carácter pluricultural de nuestra nación, pugnando por esquemas de inclusión que incorporan la perspectiva de nuestras etnias en el diseño de planes y programas de estudio?, mencionó la Diputada Ciudadana.
Para la diputada, con esta modificación se busca facilitar la inclusión de la perspectiva de los pueblos originarios en los planes y programas de estudio; fortalecer con la diversidad, la participación ciudadana en el sistema educativo nacional; y evitar que continúe la disminución de los hablantes de lenguas indígenas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen. Respecto a la postura de los Diputados Ciudadanos sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Diputado Ciudadano Germán Ralis mencionó que ?la discusión presupuestal no es un tema menor y no puede reducirse a un intercambio de intereses particulares, que desgraciadamente en el pasado hemos visto traducidos en ?moches? y otras prácticas de manifiesto conflicto de interés?.
Germán Ralis mencionó que son distintas las cuestiones que preocupan a los Diputados Ciudadanos del paquete presupuestal y dijo que que asumirán una ?postura propositiva y constructiva, para impulsar un Presupuesto a la altura de los mexicanos y que responda a las exigencias de los ciudadanos?: Acabar con la opacidad, los moches y el manejo discrecional del Presupuesto; crear mecanismos de transparencia total, rendición de cuentas y fiscalización en los recursos que los diputados llevan a las circunscripciones y distritos que representan; atender las necesidades y exigencias de todos los mexicanos, sin pensar en colores partidistas; impulsar mecanismos de austeridad y acabar con el derroche de recursos públicos; impulsar una agenda redistributiva que cree un piso mínimo de derechos en áreas como salud, seguridad social, educación y vivienda; y salvaguardar la inversión pública pues es el motor del desarrollo de las comunidades.